El gobernador del norteño estado mexicano de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que el exgobernador César Duarte (2010-2016) «es un prófugo de la justicia» y huyó a El Paso (Texas, EEUU) para evitar su captura.
En un mensaje a la prensa, el político del conservador Partido Acción Nacional (PAN) dijo que pedirá a las autoridades federales que soliciten a Estados Unidos la entrega de Duarte «bajo la cláusula de repatriación por pernicioso e indeseable de aquel país».
En el marco de la operación «Justicia para Chihuahua», la Fiscalía General del estado ha logrado ya la detención de tres exfuncionarios del primer círculo de Duarte acusados de peculado, a través de órdenes de aprehensión emitidas por distintos jueces, precisó el gobernador.
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Corral aseguró que el Gobierno estatal está «en el inicio de un proceso jurídico en el que vamos por toda la red de corrupción política que se tejió durante la pasada administración encabezada por César Duarte», tanto en círculos privados como públicos.
Afirmó que su predecesor huyó a El Paso «para evitar así su captura y incumpliendo su palabra de hacer frente a las acusaciones de corrupción hacia él y su equipo».
Señaló que el trabajo de investigación de la Fiscalía estatal ha sido difícil ya que muchas pruebas estaban «alteradas, destruidas o escondidas».
En noviembre del año pasado, el coordinador del gabinete de Corral, Gustavo Madero, denunció al exgobernador Duarte por el supuesto desvío de cuando menos 500 millones de pesos (26,3 millones de dólares) a través de empresas fantasma.
En una entrevista radiofónica, Madero aseguró que la pasada administración estatal realizaba adjudicaciones directas en lugar de licitaciones públicas, «burlando la Ley de Adquisiciones y Obra Pública».
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«Esto llegó a representar más del 60 % de toda la obra pública, que se asignó de manera directa a los cuates y amigos, a un puñado de proveedores contratistas», aseguró.
De acuerdo con Madero, funcionarios en la administración de Duarte «creaban empresas fantasma ex profeso y muchas veces los bienes no se entregaron».
Asimismo denunció que «se vendieron bienes públicos a precios ridículamente bajos a los cercanos del gobernador», en operaciones financiadas «de manera muy ventajosa».
Con información de EFE
