La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informó que Argentina «incumple seriamente» artículos clave de un acuerdo antisobornos alcanzado en 2014 con el Gobierno del país y denunció «politización» y «falta de neutralidad» de la Fiscalía General de la República.
Con el título «Fase 3bis Informe sobre la Aplicación de la Convención Antisoborno de la OCDE en Argentina», el texto del proyecto de ley de responsabilidad penal corporativa entró en el Congreso argentino en octubre de 2016 pero aún no se ha aprobado.
Lea también: Argentina nivelará economía con ley de responsabilidad fiscal
Si sale adelante permitirá penalizar también a sociedades por corrupción y cuya sanción integraba el acuerdo entre las partes.
Al no haber sido aplicado, «Argentina todavía no puede responsabilizar a personas jurídicas por soborno extranjero -empresas extranjeras que incurren en cohecho en el país-, ni ejercer jurisdicción para procesar a sus ciudadanos que cometan este crimen en el extranjero», indica el texto del informe elaborado por esta organización con sede en París (Francia).
Aun así, si se promulgara en su forma actual, observaron, esta ley no solucionaría todas las deficiencias en la delincuencia de soborno de procedencia extranjera en Argentina que se identificaron desde el principio del estudio.
La organización valoró las medidas tomadas por el Gobierno actual para promover la Ley, como por ejemplo la promulgación del veto a funcionarios públicos por recibir sobornos.
El pasado 1 de marzo, la Oficina Anticorrupción argentina, que depende del poder ejecutivo, reclamó al Parlamento que apruebe esta ley, algo «fundamental» al ser requisito «indispensable» para incorporar al país a la OCDE.
Lea también: Gremio docente en Argentina reclamó mejores salarios
Por otra parte, en el informe del organismo internacional se muestra la preocupación de la OCDE por «la aplicación de las leyes» antisoborno extranjero del país austral y dijeron que «hay signos de politización y falta de neutralidad de la Fiscalía General».
Indica que el Gobierno debe «abordar la cuestión de la politización sin poner en peligro la independencia de los fiscales».
Desde el comienzo de su mandato, el presidente Mauricio Macri insistió en la necesidad de destituir a la titular de la Fiscalía, Alejandra Gils Carbó, al considerar que no es neutral al ser afín al anterior Ejecutivo, encabezado por Cristina Fernández (2007-2015), pero por ahora no ha habido acuerdo parlamentario para llevar a cabo el relevo.
Con información de EFE
