El gobierno alemán se muestra preocupado ante un posible retroceso en Brasil en la política social y la protección de los derechos humanos después de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.
A pesar de que el gobierno de la canciller federal, Angela Merkel, reconoce que el proceso se ha realizado constitucionalmente, el secretario de Estado en el ministerio de Relaciones Exteriores, Michael Roth, confirmó en una hora de interpelaciones las posiciones críticas de la bancada del Partido de la Izquierda sobre el tema.
‘Como ustedes, nosotros conocemos las sospechas sobre retrocesos en el área de los derechos humanos, pero también en la política social, y las tomamos muy en serio’, dijo el socialdemócrata en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Heike Haensel.
En la hora de interpelaciones, la parlamentaria preguntó sobre la posición del gobierno alemán después del golpe parlamentario en Brasil.
‘¿Comparte el gobierno alemán la opinión del Servicio Europeo de Acción Exterior, según el cual no se puede confiar en el gobierno de facto de Michel Temer con respecto a la lucha contra la corrupción?’, preguntó, aparentemente haciendo referencia a informaciones internas.
De hecho, la fiscalía investiga a varios ministros del gabinete de Temer.
Por su parte, Roth aseguró en el pleno del parlamento que el gobierno federal alemán ‘no solamente mantiene contactos con el gobierno brasileño, sino también con representantes de la sociedad civil de ese país y sobre todo con defensores de derechos humanos’.
Con respecto al proceso de destitución de Rousseff, Roth dio respuesta contradictorias.
Por una parte, el también diputado del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) calificó este proceso de ‘constitucional’.
Por otra, dijo que ‘todos los reproches contra la expresidenta de Estado de Brasil eran infundados’.
Con información de Prensa Latina
