Altos mandos venezolanos deben responder por violaciones de derechos humanos generalizadas y graves cometidas por sus subordinados, señaló hoy Human Rights Watch. Como mínimo, tienen la obligación jurídica de prevenir y sancionar violaciones de derechos fundamentales cometidas por sus agentes, señaló Human Rights Watch.
A pesar de las abrumadoras evidencias de abusos, todo indica que autoridades con altas responsabilidades en el gobierno venezolano no han adoptado ninguna medida para prevenir ni sancionar estas violaciones de derechos. Al contrario, estos funcionarios han restado gravedad a los abusos o han negado lo sucedido, con frecuencia culpando a los manifestantes por los hechos de violencia. El Presidente Nicolás Maduro ha llegado al extremo de elogiar públicamente la actuación de las fuerzas de seguridad y en ningún momento ha manifestado preocupación por los abusos que siguen ocurriendo. También el Ministro del Interior, el Mayor General Néstor Reverol, ha elogiado a la Policía Nacional Bolivariana durante un encuentro reciente de jefes de policía de todo el país, pero no ha dicho nada sobre la necesidad de frenar los abusos.
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“Quienes están a cargo de fuerzas de seguridad implicadas en los gravísimos abusos que ocurren a diario en Venezuela no están adoptando medidas para prevenir violaciones de derechos humanos ni llevar a los responsables ante la justicia”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Es muy difícil creer que el anuncio reciente del General Padrino López reconociendo que se cometieron abusos es algo genuino; podría tratarse de un gesto propagandístico tardío para intentar evadir su responsabilidad personal”.
Según el derecho internacional, las autoridades responsables, sobre todo aquellas que están al frente de organismos involucrados en violaciones de derechos humanos, tienen la obligación de tomar medidas razonables para prevenir o sancionar los abusos cometidos por sus subordinados. Entre estas se incluyen las máximas autoridades de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Fiscalía General Militar.
Human Rights Watch ha examinado numerosas evidencias que sugieren que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, incluida la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, estarían implicados en un sinnúmero de abusos graves desde que los manifestantes salieron a las calles, a principios de abril de 2017. La evidencia incluye el testimonio de víctimas y sus familias, de testigos y de abogados que defienden a detenidos; videos y fotografías inequívocos y confirmados, y algunos publicadas por medios de comunicación independientes; e información difundida por el Ministerio Público o proporcionada por organizaciones de derechos humanos.
