El senado chileno aprobó una resolución que «reconoce el derecho del pueblo cubano a decidir», a través de un plebiscito vinculante, el futuro de «su sistema político, económico y social».
La resolución, aprobada por 21 legisladores, con cero votos en contra y una abstención, pide a la presidenta Michelle Bachelet y al canciller chileno Heraldo Muñoz, promover en todos los foros internacionales el derecho de los cubanos a «elecciones democráticas y libres».
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En mensaje publicado en la red social Twitter, la activista cubana Rosa María Payá agradeció a Patricio Walker, uno de los senadores que votaron la resolución, y dijo que el senado chileno daba «un ejemplo de solidaridad con Cuba en la región.
Apoyó @Senado_Chile derecho de cubanos a autodeterminación Gracias @patriciowalker
Si #CubaDecide, América se libera del régimen más tóxico pic.twitter.com/bayZTgTK1Q— Rosa María Payá A. (@RosaMariaPaya) April 11, 2017
Payá impulsa la iniciativa ciudadana Cuba Decide, que propone la realización de un plebiscito vinculante para iniciar una transición a la democracia en la isla.
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La resolución aprobada por el senado chileno invita al gobierno cubano a «respetar y proveer las condiciones que garanticen la oportunidad de participación y la soberanía ciudadana en el proceso plebiscitario», con un organismo electoral independiente, observadores nacionales e internacionales, y la libertad de hacer campaña electoral «en el pleno uso de la libertad de expresión y asociación».
En @Senado_Chile se da ejemplo de solidaridad con #Cuba en la región.
Se aprobó hoy resolución en apoyo al Plebiscito Vinculante#CubaDecide https://t.co/pth7hCLlnD— Rosa María Payá A. (@RosaMariaPaya) April 11, 2017
Las exigencias de la resolución coinciden con las condiciones que establece Cuba Decide para que el resultado del Plebiscito Vinculante sea legítimo:
1. La independencia e imparcialidad del organismo electoral encargado de la organización del proceso, para que todos los votos sean contados de manera precisa, justa, igualitaria y transparente.
2. La presencia de observadores nacionales e internacionales en todas las etapas.
3. La libertad para hacer campaña electoral en el pleno uso de la libertad de expresión y asociación, así como el acceso igualitario al censo, al electorado y a los medios de comunicación, incluso en los que son de propiedad estatal o son controlados por el mismo.
