Después de cinco periodistas asesinados en lo que va de 2017, la impunidad sigue siendo la constante pues ninguno de estos crímenes ha sido resuelto.
Y al tratar de investigar los expedientes, la AFP encontró enormes dificultades para acceder a información oficial.
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La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, que depende de la fiscalía general, no tuvo disponibilidad para dar cifras o entrevista, mientras que la mayoría de las fiscalías de los estados donde se perpetraron los asesinatos rechazaron revelar sus avances.
Las fiscalías locales «siempre argumentan que no pueden revelar información de las investigaciones» en curso, pero lo que sucede en general es que «no han hecho gran cosa», coincide Flores.
El fiscal especial de delitos contra la libertad de expresión, Ricardo Sánchez, se negó a dar detalles sobre la investigación del caso Valdez, argumentando su «responsabilidad de guardar la secrecía».
Hay evidencias, hay pistas», se limitó a decir a Radio Fórmula Sánchez.
Además, las autoridades no dan prioridad a la profesión periodística como móvil del crimen y suelen asumir que se trata de un robo, crimen pasional o incluso que los periodistas están involucrados con criminales.
Sin investigar, se atreven a hacer ese tipo de afirmaciones públicas de una manera totalmente irresponsable», lamenta Flores.
En el caso de Valdez, las autoridades aludieron en un principio a un robo de auto.
Aún más grave, en varios casos de años anteriores las autoridades han detenido a «asesinos confesos», pero se demostró que esas confesiones «fueron obtenidas a través de la tortura» y las conclusiones «no están basadas en pruebas científicas», explica Maldonado de Artículo 19.
La fiscalía de Chihuahua cerró las investigaciones del caso Breach pese a que los sospechosos están prófugos.
