El oficialismo boliviano en el Parlamento aceptó el miércoles sin cuestionar el informe de dos ministros sobre sus actuaciones en el conflicto minero vivido hace dos semanas, que se saldó con el asesinato de un viceministro y la muerte de cinco trabajadores de las cooperativas mineras durante las protestas.
La Asamblea Legislativa, controlada por el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), escuchó hoy durante seis horas el informe de los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de Minería, César Navarro, sobre cómo encararon el conflicto, en medio de las críticas de la oposición que exigieron más investigaciones.
Romero identificó a ocho mineros, entre ellos al presidente de las Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Carlos Mamani, como los presuntos responsables directos del asesinato a golpes del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, el pasado 25 de agosto, indicó un comunicado de la Cámara de Diputados.
«Estos deben recibir la máxima sanción por el asesinato cruel del viceministro Illanes, y la Justicia debe dirigirse hacia esas personas; pretender desviar el debate es encubrir a los partícipes directos del asesinato», sostuvo Romero en su intervención.
El crimen se produjo el 25 de agosto en el cerro Pucara de la localidad de Panduro, a unos 180 kilómetros de La Paz, cuando Illanes se encontraba secuestrado por los mineros.
La mitad de ese grupo de acusados está detenido en prisión y el resto es buscado para responder por el crimen.
Romero también dijo que el presidente Evo Morales estaba al tanto de la posibilidad de hacer un operativo de rescate de Illanes, pero que finalmente no se puso en marcha por el temor de que se produjeran más bajas entre los mineros y policías.
Al término de la sesión, el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, dijo a los medios que la información dada por los ministros dejó patente «la infinita decisión de búsqueda de diálogo que ha tenido el Gobierno» con los mineros cooperativistas, frente a la «actitud reticente de los dirigentes» de ese sector.
Los mineros de las cooperativas se opusieron con bloqueos de carreteras a una ley que permite la sindicalización en esas organizaciones, aunque las autoridades consideran que la verdadera intención de las protestas era que el Gobierno les permita firmar contratos con empresas sobre yacimientos del Estado.
Además de Illanes, cinco mineros fallecieron producto de los violentos choques entre manifestantes y la Policía.
Durante la sesión, los opositores exhibieron pancartas que cuestionaban «¿quién envió solo al viceministro?» y «¿quién mató a los mineros?».
El oficialismo replicó con carteles que señalaban: «no se puede hacer política con los muertos», «oposición cómplice del complot», «el bloqueo cooperativista fue una movilización conspirativa».
Las autoridades también han anunciado investigaciones en la Policía sobre la muerte de los manifestantes, cuatro de los cuales murieron por heridas de bala y uno por manipular dinamita.
García Linera enfatizó que todas las muertas deben ser investigadas y los responsables de las mismas deben ser «llevados ante la Justicia para que paguen sus penas», manifestó.
EFE
