Una comisión del Senado brasileño aprobó hoy un proyecto de ley que propone acabar con los fueros que amparan a los políticos con cargos públicos, que son considerados como una de las principales causas de la impunidad de aquellos que delinquen.
«Ese fuero especial es visto por la población como un verdadero privilegio odioso, utilizado apenas para la protección de la clase política, que ya no goza de buena reputación debido a los sucesivos escándalos de corrupción», declaró el senador Randolfe Rodrigues, instructor del asunto en la Comisión de Constitución y Justicia.
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El proyecto aprobado por ese colegiado, que ahora será remitido al pleno del Senado, excluye a los presidentes del país, de la Corte Suprema y de las dos Cámaras legislativas, pero retira los fueros a unas 34.000 autoridades, entre las que figuran los legisladores, nacionales o regionales, y los ministros del Gobierno.
La actual legislación sobre el asunto también reserva unos fueros especiales a gobernadores, alcaldes, diputados regionales, concejales, jueces y otras autoridades que, en casos de delitos comunes o de corrupción, gozan de instancias judiciales especiales.
En el caso del presidente del país, los parlamentarios, ministros o magistrados de la Corte Suprema, los casos son remitidos a ese mismo tribunal.
Caracterizado por una excesiva burocracia y lentitud, la Corte Suprema demora en promedio unos cinco años en juzgar a un político, por lo que en muchas ocasiones las causas acaban prescribiendo y quedan sin castigo.
La discusión sobre los fueros cobró una especial relevancia a raíz de los escándalos de corrupción en la estatal Petrobras, que hasta ahora han salpicado a cientos de políticos y empresarios del sector privado.
Solamente por los testimonios prestados por exdirectivos de la empresa Odebrecht, implicada en esos asuntos, la Corte Suprema ha autorizado iniciar investigaciones contra ocho ministros del actual Gobierno, 24 senadores y 39 diputados y deberá juzgar a aquellos contra los que sean aceptadas denuncias.
Según el senador Alvaro Dias, del Partido Verde y autor del proyecto, «se trata de un paso histórico» para la política del país, pues por primera vez se plantea que «todos son iguales ante la ley y, por tanto, que haya justicia igual para todos».
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Tras la aprobación en la Comisión de Constitución y Justicia, el proyecto deberá ser debatido en una fecha aún incierta en el pleno del Senado, en el que existen grupos que han declarado ya su rechazo a la pérdida de los fueros, pues afirman que pudiera favorecer «persecuciones judiciales» contra los legisladores.
EFE
