La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó una sentencia en la que declara al Estado colombiano responsable de las detenciones ilegales y la falta de protección de cinco defensoras de derechos humanos, así como de la muerte de una de ellas, durante el desarrollo de la denominada Operación Orión en la comuna 13 de Medellín, en el año 2002.
“Colombia es responsable por no prevenir el asesinato de la defensora de derechos humanos Ana Teresa Yarce, así como por su detención ilegal y arbitraria, junto con otras defensoras de la comuna 13 en Medellín”, dice el fallo de la Corte, que tiene sede en Costa Rica.
El tribunal indicó que el Estado también fue condenado por “no haber adoptado medidas necesarias para atender la situación de desplazamiento de las defensoras de derechos humanos y por violar las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial”.
El caso es el de las defensoras de derechos humanos y líderes comunales María del Socorro Mosquera Londoño, Mery del Socorro Naranjo Jiménez, Ana Teresa Yarce, Luz Dary Ospina Bastidas y Miryam Eugenia Rúa Figueroa.
Yarce, Mosquera y Naranjo fueron detenidas en el 2002, señaladas de colaborar con la guerrilla, sin que se acreditara la causal, y fueron liberadas nueve días después.
La Corte determinó que la detención fue “ilegal y arbitraria y que, en las circunstancias del caso, además de una violación al derecho a la libertad personal, generó una vulneración de los derechos a la integridad personal y a la protección de la honra y dignidad de las víctimas”.
A pesar de haberse interpuesto diversas denuncias sobre su situación de riesgo, “el Estado no implementó las medidas necesarias para salvaguardar la vida de Yarce”, a quien asesinaron en el 2004, agregaron los jueces.
Las otras cuatro defensoras y sus familiares se vieron forzados a desplazarse de su lugar de residencia para resguardar sus vidas ante el hostigamiento y amenazas de la guerrilla.
La operación buscaba recuperar la comuna 13, en la cual había presencia de milicias de las Farc que se disputaban el territorio con el Eln y paramilitares.
La CIDH ordenó al Estado colombiano reparar económicamente a las víctimas y continuar la investigación sobre el desplazamiento forzado de Rúa y sus familiares.
Con información de EFE
