Organizaciones de la sociedad civil de Venezuela denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un aumento de la persecución política en el país desde las protestas contra el Gobierno de febrero de 2014.
Desde entonces, según datos de Foro Penal Venezolano, ha habido 6.893 arrestos por motivos políticos, incluidas personas detenidas y luego liberadas y «muchas torturadas».
La entidad ha contabilizado 433 presos políticos en estos tres años y estima que 115 de ellos siguen en las cárceles de Venezuela.
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«Hay un efecto de puerta giratoria, mientras el Gobierno encarcela a más personas, libera a otras, de manera que siempre se podrá ver un número en torno a los 100», explicó el director ejecutivo de esa organización no gubernamental, Alfredo Romero, señalando unos gráficos sobre estos datos.
Además, indicó que los diversos intentos de diálogo entre el Gobierno y la oposición «más que traer liberación de personas, han incrementado el número de presos políticos, que son como fichas de negociación».
Julio Henríquez, de la organización Refugee Freedom Program, aseguró que el número de venezolanos que han solicitado asilo o refugio en otros países «se ha incrementado exponencialmente» desde febrero de 2014.
Solo en 2016, según datos oficiales recogidos por la ONG, 18.155 venezolanos pidieron asilo o refugio en Estados Unidos, 3.960 en España, 2.238 en Brasil y 212 en Colombia.
Se trata de personas que argumentan que son «perseguidas políticamente en Venezuela» y, aunque hay «muchas» del partido opositor Voluntad Popular, no todas están vinculadas a una organización política, explicó Henríquez en declaraciones a la prensa.
El perfil socioeconómico de estas personas difiere según el país en el que solicitan asilo.
A EEUU, la mayoría llegan con una visa de turista o de estudiante y para poder obtenerla «tienen una cierta capacidad económica».
En España y el resto de la Unión Europea pueden entrar con el pasaporte venezolano, por lo que «hay personas tanto de sectores populares como de clase media alta».
Quienes lo solicitan en Colombia cruzan la frontera entre ambos países vecinos, por lo que se trata «mayoritariamente» de ciudadanos con bajos recursos económicos, lo mismo que ocurre con Brasil.
Los representantes del Gobierno venezolano negaron que exista persecución política en el país y consideraron la audiencia «una oportunidad muy valiosa» para denunciar «la campaña de desinformación que se desarrolla sobre todos estos asuntos en todo el mundo entero».
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Así lo dijo el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Devoe, que también participó esta semana en la reunión privada con la CIDH y las esposas de los políticos presos Leopoldo López y Daniel Ceballos sobre las medidas cautelares de protección que les otorgó la Comisión en 2015.
Devoe dijo que su país asiste a la audiencia porque «no tiene nada que ocultar», porque «no existe la represión política» y porque «no hay presos políticos».
«Estas personas de las que se ha hablado aquí fueron privadas de libertad por su participación en delitos del ordenamiento jurídico venezolano, la mayoría sobre los graves hechos de violencia de 2014», indicó.
El relator para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, dijo que, aunque no quiere «entrar en la cuestión semántica de presos políticos si o no», la cifra «de 1.525 acusados por hechos relacionados con protestas políticas es muy elevada si se compara con otros países».
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Devoe aseguró además que, a diferencia de lo que dice la «campaña internacional» al respecto, el Estado garantiza los derechos humanos de Leopoldo López, preso en la cárcel militar de Ramo Verde desde 2015.
No se refirió, sin embargo, a la denuncia que hizo la esposa del político, Lilian Tintori, este lunes de que el Estado pidió ese día a la CIDH que retire las medidas cautelares de López, Ceballos y sus familias.
EFE
