Una presunta disidencia de la guerrilla FARC de Colombia quemó un vehículo de un programa noruego de desminado, al que obligó a retirarse de la zona del centro del país donde operaba, informaron este viernes fuentes oficiales.
Un vehículo marca Toyota utilizado como ambulancia por la organización de desminado humanitario Apoyo Popular Noruego (APN) fue «incinerado» la tarde del jueves por supuestas disidencias de la guerrilla marxista, que implementa un acuerdo para superar medio siglo de conflicto armado, indicó el Ejército en un comunicado.
Además de la quema, ocurrida en la localidad Santa Elena, en Mesetas, departamento de Meta, los rebeldes «intimidaron al personal de esta ONG para cometer este acto criminal», agregó el Ejército, que desplegó tropas en la zona para reforzar la seguridad.
«Esa ONG rechazó la seguridad y dijo que no la necesitaba. Más bien, en una actitud difícil para la fuerza pública, prefirió estar en campo sin esa protección. Ahora viene este incidente, que obviamente nos preocupa muchísimo», dijo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en una ceremonia en Bogotá.
La directora en Colombia de APN, Vanessa Finson, relató que el jueves llegaron al lugar «personas armadas» que les pusieron las 06H00 locales (11H00 GMT) de este viernes como plazo máximo para abandonar la zona, donde desde 2016 desarrollaban un proceso de desminado.
Los hombres dijeron «que no querían extranjeros ahí», apuntó a Blu Radio la directiva, quien señaló que los hombres se identificaron como disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), principal y más antigua guerrilla del continente, en proceso de desarme tras la firma en noviembre de un histórico acuerdo de paz.
Finson aseguró que la comitiva de APN se retiró del lugar.
Colombia, azotada desde la década de 1960 por un conflicto armado con participación de guerrillas, paramilitares y agentes estatales, es el segundo país del mundo más afectado por minas antipersona, después de Afganistán.
Estos artefactos han dejado unas 11.500 víctimas, incluidos 2.000 muertos, en territorio colombiano, según cifras oficiales.
Las principales responsables de la instalación de estos explosivos, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), son las guerrillas FARC y Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), que también negocia la paz.
El acuerdo con las FARC incluye un pacto sobre desminado. Además, el gobierno y el ELN acordaron un plan piloto en este sentido.
En Colombia hay 52 millones de metros cuadrados «potencialmente afectados» por la presencia de estos explosivos, según el gobierno, que este año inició labores de desminado en 40% del área minada.
AFP
