El Gobierno presentó al Congreso un proyecto de cinco artículos que busca cerrar todo beneficio a quienes sean procesados o condenados por delitos de corrupción.
El mismo día que el presidente Juan Manuel Santos lanzó una cruzada contra la corrupción acompañado por el Fiscal, el Procurador y el Contralor, se radicó en el Congreso la iniciativa que podría entrar en vigencia este mismo año.
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Durante el lanzamiento de esa estrategia, el presidente Santos señaló que la disminución de penas por allanamiento a cargos y la casa por cárcel no están “descongestionando el sistema de administración de justicia ni sirviendo para disuadir a los corruptos”.
Por eso, la propuesta del Gobierno, que empezará a ser discutida una vez se instalen las sesiones ordinarias del Congreso en marzo, consiste en eliminar, entre otras cosas, ambos beneficios.
El documento radicado en el Senado dice que ante una condena contra un funcionario o particular por hechos de corrupción, esa sentencia solo se cumplirá en prisión.
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Durante la investigación y el juicio tampoco se podrán conceder beneficios como la casa por cárcel o la libertad condicional.
La restricción para conceder beneficios incluso se extiende para los condenados que ya hayan cumplido gran parte de su sentencia y aspiran a libertad por pena cumplida.
De la misma forma, quedarían eliminados los beneficios administrativos que se concede a quienes colaboran con la justicia, excepto para los casos en los que dicha colaboración permita desmontar una red criminal y judicializar a los demás implicados en hechos que pongan en riesgo el erario de los colombianos.
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Aceptar cargos, que normalmente otorga la rebaja de la mitad de la pena, implicará ahora solo una disminución de entre una cuarta y una quinta parte y estará condicionado al reintegro pleno de los recursos; la indemnización de las víctimas, o al compromiso de indemnizarlas, y a que se brinde colaboración a las autoridades.
Según el Observatorio Anticorrupción de la Presidencia, el 50 por ciento de los condenados por delitos de corrupción en Colombia no pagan un solo día de cárcel, y el 25 por ciento reciben el beneficio de casa por cárcel.
Así mismo, las personas que finalmente son privados de la libertad terminan pagando menos de la mitad de la condena esperada según la legislación penal.
Con información de El Tiempo de Colombia
