México atravesó en 2016 una coyuntura crítica de inseguridad, violencia, desigualdad, pobreza y exclusión, debilidad del Estado de derecho y falta de acceso real a la justicia, denunció hoy el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González.
Al entregar a la Comisión Permanente del Congreso su informe anual de actividades 2016, González indicó que su contenido «pone a prueba» a las instituciones mexicanas, incluida la propia Comisión.
Subrayó que el informe «evidencia carencias, profundas desigualdades y falta de oportunidades y de respuesta de autoridades de los tres niveles de gobierno a diversas problemáticas sociales».
Destacó que casos como Tlatlaya, Iguala, Apatzingán o Tanhuato «han modificado la percepción general e histórica de los derechos humanos en nuestro país».
En Tlatlaya, en el central Estado de México, 22 civiles murieron a manos de militares el 30 de junio de 2014; en Iguala, estado sureño de Guerrero, el 26 de septiembre del mismo año 43 estudiantes desaparecieron y fueron presuntamente asesinados por miembros del crimen organizado con la complicidad de policías.
En Apatzingán, estado occidental de Michoacán, diez personas murieron, uno en un enfrentamiento para recuperar la alcaldía y nueve en un choque posterior con agentes de Policía Federal el 6 de enero de 2015. Y en Tanhuato, también en Michoacán, 43 murieron en un operativo policial el 22 de mayo del mismo año.
González apuntó que estos «son asuntos complejos» que por su naturaleza requieren que su investigación «cumpla con atributos de objetividad, imparcialidad, exhaustividad y credibilidad».
«Su esclarecimiento exige trascender la mera denuncia para llegar a resoluciones claras, objetivas e integrales que estén sustentadas en elementos concretos desprendidos de una investigación científica de los hechos», sostuvo.
Subrayó que por la vigencia de los derechos humanos y por la necesidad de que la verdad y la justicia lleguen a las víctimas, «debemos exigirnos que estos pendientes se resuelvan este año».
González indicó que en 2016, 61.661 personas acudieron ante la Comisión por considerar que sus derechos fundamentales fueron violentados por algún acto de autoridad, y la CNDH admitió a trámite 25.233 expedientes.
Durante el año pasado, la CNDH emitió 72 recomendaciones dirigidas a 55 autoridades, 20 % más en comparación con lo registrado un año antes, refirió.
Las autoridades con más recomendaciones de la Comisión fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Estas sugerencias abarcaron casos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura, uso excesivo de la fuerza, violencia obstétrica, detenciones ilegales, ataques a la libertad de expresión y afectaciones a los derechos de migrantes, detalló.
González apuntó que del total de recomendaciones emitidas, solo dos han sido cumplidas en su totalidad, en tanto que 54 tienen pruebas de cumplimiento parcial y 14 han sido aceptadas, sin que se tengan pruebas de cumplimiento.
Con información de: EFE
