La mañana de este jueves, la bancada de Fuerza Popular confirmó que mantendrá su decisión de no permitir que se cree una comisión investigadora dentro del Congreso que se dedique a analizar las denuncias contra Luis Figari y otros miembros del Sodalicio. En lugar de eso, han planteado que sea la Defensoría del Pueblo la que tome cartas en el asunto.
El Comercio / Gustavo Kanashiro Fonken
A consideración de la bancada fujimorista, el caso Sodalicio no debe ser investigado en una comisión porque el Congreso efectúa un control «eminentemente de responsabilidad política en asuntos de interés público» y porque «no se habrían visto involucrados funcionarios públicos».
La labor de la Defensoría
Según la Constitución de 1993, la Defensoría del Pueblo debe «defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona» y, sobre todo, «supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de servicios públicos».
El portal web de la Defensoría del Pueblo ahonda en esta definición y detalla que «no desempeña funciones de juez o fiscal, ni sustituye a autoridad alguna. No dicta sentencias, no impone multas ni sanciones». La labor del defensor del Pueblo termina en la elaboración de informes con recomendaciones a autoridades como un «colaborador crítico del Estado que actúa con autonomía».
«En ninguna oportunidad la Defensoría va a poder reemplazar una comisión investigadora, tampoco es fiscal. Son funciones totalmente distintas. La defensoría puede investigar pero no tiene el mismo peso», dijo a El Comercio Samuel Abad, ex defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo.
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