La Fiscalía investiga al presidente del comité evaluador por presuntas irregularidades en el otorgamiento de la concesión a Odebrecht.
La empresa brasileña Odebrecht, concesionaria del Gasoducto del Sur (GS), deberá demostrar en pocos días que cuenta financieramente con los recursos para continuar las obras. Sin embargo, la Contraloría emitió un informe el 26 de agosto de 2015 en el que cuestiona la labor de Edgar Ramírez, presidente del comité de selección del proyecto GS de Proinversión.
De acuerdo a la Fiscalía Ramírez envió una carta el 27 de junio de 2014 al representante legal del Consorcio Gasoducto Peruano del Sur (CGPS) –postor que al final fue descalificado– otorgándole un plazo que vencía a las 9:30 a.m. del 30 del mismo mes para que explicara el cambio de participación porcentual de uno de los integrantes del consorcio.
Pero Edgar Ramírez envió una segunda carta el mismo 30 de junio pero a las 8:36 a.m. comunicando al consorcio que el comité que presidía había tomado la decisión de descalificar su propuesta.
Actualmente, Ramírez es investigado por la Fiscalía Anticorrupción (Carpeta fiscal 301-2014) por los presuntos delitos de negociación incompatible y colusión. Ello debido a que la consultora de su propiedad, Latin Global Services, brindó servicios a Odebrecht en el año 2012, empresa que junto con Enagás, resultó siendo la ganadora de la licitación como postor único.
En su declaración ante la Fiscalía Ramírez acepta que su empresa prestó servicios “en el pasado” a Kuntur y Odebrecht, hasta abril de 2012. En este punto se contradice con el informe del Ministerio de Energía y Minas, que señaló que hizo consultorías para Kuntur hasta octubre de 2013.
Las irregularidades
En su interrogatorio, Ramírez argumentó que decidió descalificar al CGPS luego de recibir los informes legales de dos estudios de abogados que argumentaron que procedía su descalificación.
Por ello, la Fiscalía indaga la intervención del asesor legal del comité, José Guzmán Zegarra –esposo de la congresista fujimorista Úrsula Letona–, cuyo informe legal fue utilizado para sacar de carrera al segundo postor (CGPS).
En este caso también se encuentra en calidad de investigada, junto a Ramírez, la representante legal de la empresa Kuntur y firmante del contrato de concesión del Gasoducto del Sur, Claudia Hokama.
La Contraloría advierte que se aprobó las bases del concurso sin que estas incluyan un sistema de evaluación que contemple la propuesta más conveniente.
También señala que la versión final (en la que se introdujeron cambios) del contrato de concesión no cumplió con las disposiciones establecidas en las bases y el proyecto del contrato. El comité y la Dirección de Promoción de Inversiones no identificaron si las modificaciones eran sustanciales o insustanciales. Esto es si el operador estaría o no calificado para una tarea de esa envergadura.
Igualmente indican que la evaluación económica financiera del proyecto no guarda relación con los valores proyectados de la reserva de gas. Es decir, que la obra no se justificaba porque no existían las reservas comprobadas.
Además, exponen que se puso en el contrato una demanda proyectada que no justifica la dimensión de la obra (de US$7,328 millones) ni el gasto ejecutado.
Si para el lunes Odebrecht no encuentra apoyo financiero para continuar con la megaobra, esta revertirá al Estado y se convocaría a una nueva licitación.
Con información de Perú21
