En 30 páginas, la Comisión Bicameral del Congreso detalló los requerimientos necesarios de la nueva Ley de Probidad que regula las declaraciones de intereses y patrimonio de altas autoridades. Esto, para que los parlamentarios y otros funcionarios del Senado y la Cámara enfrenten sin contratiempos, y dentro del nuevo marco legal, el proceso de actualización de estos datos, que culmina el 31 de marzo.
“Este es un manual elaborado por las comisiones de Etica y Transparencia de ambas cámaras y busca unificar los criterios para transparentar la información de los parlamentarios”, explicó el senador y presidente de la Comisión Bicameral, Pedro Araya.
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En el texto se detallan punto por punto los aspectos de la nueva norma en relación al Congreso e instruye a parlamentarios cómo realizar sus declaraciones.
Están obligados a efectuar la declaración funcionarios de categorías A, B y C (remuneraciones mayores a $ 4 millones aproximados), abogados secretarios de comisiones, así como integrantes del Consejo Resolutivo y del Comité de Auditoría Parlamentaria.
Antes del 31 de marzo, pero se puede actualizar cada vez que haya cambios de patrimonio. Se debe llenar un formulario disponible en internet que requiere clave única del Registro Civil y con firma electrónica. La declaración será pública, a excepción de datos privados sensibles, como direcciones.
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