A la distancia, la Unidad Nº 1 Punta de Rieles luce como una ciudad amurallada. Hace apenas dos años, allí no había más que un terreno descampado, y ahora con 36 mil metros cuadrados de área techada construidos, la primera cárcel creada bajo el formato de gestión público-privada, ajusta detalles para recibir a finales de 2017 a casi 2.000 hombres privados de libertad.
El moderno edificio, que demandó una inversión de US$ 90 millones, será una válvula de escape, para la olla a presión que es el sistema carcelario uruguayo, que tiene 11.000 presos para 10.000 plazas. Pero la mayor novedad que ofrecerá no está en sus muros, sino en la forma en que será gestionada.
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La alimentación de los presos y de los funcionarios, el servicio de lavandería para la ropa de cama y de vestir, la limpieza general del centro y el control de plagas, quedarán durante 27 años en manos de una empresa privada, UPR S.A. que está compuesta en un 85% por la empresa constructora Teyma, y 15% por Goddard Catering Group, una compañía que administra cantinas en varias empresas, entre ellas Montes del Plata. También quedará en manos de esta empresa una tienda donde los presos podrán comprar bienes a precios más bajos utilizando el dinero que ganen trabajando dentro de la prisión.
De esta forma, el Estado, a través del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y ASSE, solo se encargará de las tareas de seguridad, intervención educativa y salud. Esto incluye la puesta en marcha de emprendimientos que serán propiedad del INR y que emplearán a presos. Además, evalúan permitir que empresas privadas se instalen en el predio para dar más alternativas de trabajo.
Para el supervisor del proyecto, Bernardo Vidal, «la clave del éxito de esta cárcel está en la gestión», y en aprovechar una infraestructura pensada para dar «seguridad y confort» a los privados de libertad.
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