La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes la aplicación parcial del controvertido decreto migratorio del presidente Donald Trump, quien celebró esta decisión como una «clara victoria» para la seguridad nacional.
El decreto, cuyos efectos habían resultado bloqueados por cortes de apelaciones, pone un freno temporario al ingreso de viajeros y refugiados de seis países de mayoría musulmana.
Por decisión de la Corte, la restricción al ingreso podrá ser aplicada a partir del jueves a personas «que no poseen ninguna relación de buena fe con personas o entidades en Estados Unidos», hasta que el mismo tribunal analice detalladamente la cuestión en octubre.
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El Departamento de Estado afirmó en un comunicado que comenzaría a implementar el veto migratorio en las próximas 72 horas «de una forma profesional, ordenada y oportuna» en línea con un memorándum firmado por Trump a principios de este mes.
También se comprometió a mantener informados a los viajeros y a la industria del turismo mientras se aplica este decreto, y a mantener al Programa de admisión de refugiados informado de cualquier cambio que tuviera lugar.
Instantes más tarde de conocerse esta decisión, Trump la celebró como una «victoria» para la seguridad nacional de Estados Unidos.
La decisión unánime de la Corte Suprema es una clara victoria para nuestra seguridad nacional. Permite que se torne efectiva en parte la suspensión de los viajes para seis países inclinados al terrorismo y la suspensión a los refugiados», afirmó el presidente en un comunicado.
– «Restablece la autoridad» –
En su comunicado, Trump dijo que «como presidente, no puedo permitir la entrada a nuestro país de gente que quiere hacernos daño» y aseguró que su «responsabilidad número uno como Comandante en Jefe es mantener seguros a los estadounidenses».
Sin embargo, la mención que hizo Trump de una «decisión unánime» ya es objeto de controversia, ya que la decisión de la Corte fue adoptada ‘per curiam’, en nombre de la corte, pero no significa que los jueces emitieron el mismo voto sin desacuerdos específicos.
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En tanto, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) afirmó en un comunicado que la decisión de la Corte le permite «implementar ampliamente» el decreto y «tomar los pasos necesarios y racionales para proteger a nuestra nación».
Además, expresó el DHS, la decisión de la Corte Suprema «restablece la autoridad constitucional del poder Ejecutivo para defender nuestras fronteras».
Es un paso importante hacia el restablecimiento de la separación de poderes entre las distintas ramas del gobierno federal», dijo el fiscal general, Jeff Sessions, al referirse a la decisión de la Corte.
En su nota, Sessions también festejó el carácter «unánime» de la decisión de la Corte. Carl Tobias, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Richmond, dijo a AFP que la la decisión «no es unánime, porque tres jueces emitieron juicios divergentes en parte».
El segundo y último de los decretos firmados por Trump suspende por 90 días el ingreso a territorio estadounidense por parte de ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, e interrumpe por 120 días el ingreso de refugiados de esos mismos países.
En tanto, el decreto original, posteriormente abandonado por el gobierno, incluía a Irak en esa lista, y suspendía indefinidamente la llegada de refugiados provenientes de Siria.
Por su parte, Steven Choi, director de la entidad Coalición por la Inmigración en Nueva York (NYIC), indicó que no está aún claro el impacto de la medida a ser aplicada tal como fue definido por la Suprema Corte.
Entre otras razones, apuntó, es demasiado ambiguo verificar la existencia o no de una «relación de buena fe».
Para Camille Mackler, también del NYIC, los principales afectados deberán ser las personas de ese grupo de seis países que soliciten una visa de turista para viajar ahora a Estados Unidos.
En la decisión publicada este lunes, la Corte Suprema limitó los cuestionamientos de las resoluciones emitidas de las cortes de apelación, al afirmar que el gobierno puede aplicar medidas de este tipo contra «personas de otras nacionalidades que no tengan conexión con Estados Unidos».
En esa lógica, las personas que poseen «estrechos lazos familiares» en Estados Unidos no podrían ser afectados por los decretos presidenciales»
