Crisis política en Venezuela: Poderes públicos se enfrentan por una polémica judicial

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Venezuela vive una crisis política sin precedentes. Las últimas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) demostraron al mundo la fragilidad de sus poderes públicos y puso en tela de juicio la democracia del gobierno de Nicolás Maduro.

Félix R. Gutiérrez Rodríguez / El Político

Las sentencias 155 y 156 del TSJ, publicadas el miércoles y jueves de la semana pasada, respectivamente, fueron las órdenes que provocaron el repudio inmediato de la oposición venezolana, de la comunidad internacional y hasta de algunos círculos del propio oficialismo.

En el primer documento judicial prácticamente se eliminaba la inmunidad parlamentaria (privilegio que da la votación popular) por supuesto desacato de la Asamblea Nacional (AN) y se ordenaba al presidente Maduro utilizar el Estado de Excepción para adoptar cualquier medida civil, económica, militar, penal, administrativa, política, jurídica y social e incluso legislar cualquier materia penal.

En la segunda sentencia de advierte que la Sala Constitucional u otro órgano asumirá la competencia del Parlamento mientras este último se mantenga en desacato.

Magistrados del TSJ / Foto EFE
Magistrados del TSJ / Foto EFE

Ambas medidas fueron asumidas por los voceros de la oposición como la confirmación de la dictadura de Maduro y la ejecución de un golpe de Estado a la AN, razones suficientes para convocar a la ciudadanía a protestar en la calle por el restablecimiento del hilo constitucional en Venezuela.

En medio del conflicto político, los cinco poderes públicos venezolanos alzaron su voz de acuerdo con sus convicciones.

Sepa que…

El Poder Público Nacional de Venezuela se divide en cinco poderes:

Legislativo: Asamblea Nacional

Ejecutivo: Presidente, vicepresidente y ministros

Judicial: Tribunal Supremo de Justicia

Ciudadano: Consejo Moral Republicando (Defensoría del Pueblo, Fiscalía General y Contraloría General)

Electoral: Consejo Nacional Electoral

Asamblea Nacional (Poder Legislativo)

“Esta Asamblea Nacional desconoce el Tribunal Supremo de Justicia. A esos magistrados los eligieron para violar la constitución. Por esos los 112 diputados queremos dejar claro que este parlamento se rebela ante esta decisión. Toda sentencia contraria a la constitución es nula”, dijo el pasado jueves el presidente del Parlamento, Julio Borges, tras el fallo del TSJ.

El titular del Poder Legislativo nacional solicitó el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se active la Carta Democrática y que se realicen de una vez por todas las elecciones regionales.

La AN también decidió empezar un proceso para destituir a los magistrados del TSJ. Para ello, solicitó el apoyo de la sociedad civil en una marcha convocada para este martes, que no pudo llegar a la sede parlamentaria por una fuerte represión de los agentes de seguridad nacional.

El primer vicepresidente del Parlamento, el opositor Freddy Guevara, indicó que “esos magistrados que dieron un golpe de estado no pueden quedar impunes”, y llamó a sus partidarios a demostrar que no van a “obedecer a esta tiranía”.

Aunque el TSJ se retractó y eliminó antes de 72 horas las medidas de las sentencias 155 y 156, los parlamentarios opositores insisten en que el “golpe de Estado” sigue en el país porque existen al menos 50 sentencias anteriores en las que se desconoce al Poder Legislativo nacional.

Fiscalía General (Poder Ciudadano)

La fiscal General, Luisa Ortega, se unió a los reclamos de los opositores de la AN y denunció sorpresivamente una “ruptura del orden constitucional” en el país por los fallos del máximo tribunal.

“En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución(…), lo que constituye una ruptura del orden constitucional”, señaló Ortega, muy cercana al chavismo, durante la presentación de su informe de labores de 2016.

Ortega se convirtió así en la primera funcionaria venezolana de alto nivel que critica las decisiones del TSJ.

“Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento (las sentencias)”, subrayó la fiscal.

Presidente de la República (Poder Ejecutivo)

El presidente Nicolás Maduro aseguró el pasado viernes, en su primera aparición pública después de las sentencias del TSJ, que desconocía las decisiones. “No sabía nada del pronunciamiento que iba a hacer la fiscal como no sabía nada de la sentencia n° 156 que emitió la Sala Constitucional”, dijo en referencia a los fallos judiciales y al rechazo público que hizo la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, de estos textos.

Sin embargo, aseguró que se trataba de “una sentencia histórica”porque lo “estaban facultando con un poder habilitante especial para defender la institucionalidad, la paz, la unión nacional y rechazar amenazas de agresión o intervencionismos contra nuestro país”. También alegó que las denuncias sobre una “ruptura del hilo constitucional” formaban parte de una campaña mediática de “la derecha”.

Para Maduro, entre la fiscal y el poder judicial solo hubo un malentendido que podía ser resuelto: “Yo como jefe de Estado asumo a través del diálogo y la constitución la tarea de resolver el impasse que ha surgido entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia y convoco al Consejo de Seguridad de la Nación (una instancia de consulta del jefe de Estado) para hoy mismo en la noche, para deliberar y sacar una resolución que fortalezca la Constitución venezolana y le dé paz y tranquilidad a Venezuela”. Después de más de tres horas de reunión, la decisión de este consejo fue ordenar al TSJ que revisara ambas sentencias.

Tribunal Supremo de Justicia (Poder Judicial)

Después del exhorto del Consejo de Seguridad de la Nación, el TSJ anunció el sábado en la mañana que suprimió parte del contenido que emitió en las sentencias 155 y 156.

“Las decisiones emanadas del TSJ no han despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo ha disuelto o anulado”, corrigió el presidente de este órgano, Maikel Moreno.

El titular del Poder Judicial nacional aseguró que las decisiones de este organismo “reconocen la inmunidad parlamentaria como garantía de función legislativa con los límites que establece la Constitución”.

Sin embargo, en la página oficial del TSJ, las sentencias no fueron suprimidas; solo se publicó una aclaratoria por oficio que eliminaba los puntos relacionados con la inmunidad parlamentaria, la suspensión de competencias del Parlamento y la concesión de plenos poderes al presidente.

Defensoría del Pueblo (Poder Ciudadano)

Tarek William Saab, presidente del Consejo Moral Republicano y defensor del Pueblo, se pronunció después de la rectificación del TSJ y destacó “la concordia y el diálogo” que reinó para “solventar las diferencias” entre los poderes públicos del país.

“El contrapeso entre los poderes institucionales ha garantizado la estabilidad de la nación”, señaló Saab, al leer un comunicado que representa el pronunciamiento oficial de la Defensoría.

William Saab aseguró que todas las partes involucradas quedaron satisfechas después de la aclaratoria: “El comunicado del Consejo de Defensa que exhorta al TSJ para que de oficio, como en efecto lo hizo, fueran aclaradas las sentencias 155 y 156, cuenta con el aporte de la fiscal general de la República. Vía un contacto telefónico se le consultó y ella lo suscribió”.

Este acuerdo lo calificó de ejemplo de diálogo, método que considera necesario para resolver todos los desacuerdos en el país.

“Si este no fuera un país democrático, como algunos sugieren, expliquen cómo el pronunciamiento de la fiscal Luisa Ortega Díaz fue respetado y transmitido por los medios del Estado”, sostuvo el defensor.

Consejo Nacional Electoral (Poder Electoral)

El Consejo Nacional Electoral (CNE) fue el último órgano de los poderes públicos en pronunciarse sobre las sentencias del TSJ. Lo hizo en un comunicado publicado este martes, cuando aseguró que existía solidez en las instituciones del Estado venezolano.

Para el máximo ente del poder electoral,  “La actuación de sus integrantes (del Estado) refleja el espíritu constituyente y evidencia la fortaleza del diseño constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. La cooperación y equilibrio entre poderes, expresa la vitalidad del sistema democrático y la eficacia de los mecanismos constitucionales para la preservación del orden interno y la paz nacional”.

El CNE celebró los “esfuerzos que reafirman el proyecto republicano y su capacidad para solventar en libertad y soberanía cualquier dificultad que debamos asumir como nación”.

Sepa que…

La Contraloría General, presidida por Manuel Galindo, fue el único componente de los poderes públicos que no se pronunció sobre las polémicas decisiones del TSJ

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