Cuba anunció nuevas regulaciones para el sector de la vivienda en la isla, uno de los más deprimidos y con precios prohibitivos para el cubano medio, que ahora podrá adquirir casas sin terminar o legalizar viviendas construidas sin la documentación establecida.
Las regulaciones, publicadas este martes en la Gaceta Oficial de la República, se deben a la necesidad de ajustar las nuevas políticas del Gobierno cubano a las «circunstancias actuales», proceso que forma parte de las reformas impulsadas por el presidente Raúl Castro en su afán de «actualizar el modelo económico cubano».
En las normativas destaca la venta «por una única vez» de 16.887 viviendas sociales en ejecución a ciudadanos de la isla, que puedan pagar el valor de transferencia del inmueble y lo terminen dentro de cinco años, periodo en el que se deberán habilitar y legalizar las viviendas.
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De no cumplirse el plazo, el inmueble regresará al Estado, que devolverá al beneficiado el dinero pagado hasta el momento, explica el estatal diario Granma en un extenso artículo.
La cobertura habitacional es uno de los temas más sensibles en la isla, que desde hace décadas solo construye nuevas viviendas sociales para afectados por los frecuentes huracanes que azotan el país caribeño o damnificados por derrumbes debido al mal estado de algunos edificios.
La crisis extrema en la que se sumió Cuba tras la desaparición de la Unión Soviética, a inicios de la década de 1990, provocó que miles de viviendas quedaran a medio terminar por toda la isla, reduciendo las posibilidades de los cubanos de adquirir inmuebles a precios controlados.
Después de cinco décadas de prohibiciones, el Gobierno cubano autorizó en noviembre de 2011 la compraventa, permuta, donación y adjudicación de viviendas entre personas naturales cubanas con domicilio en el país, en gran medida para reordenar un sector marcado por las ilegalidades.
Debido al incremento de la población, la escasez de inmuebles y a pesar de las normas que fijaron el valor legal de la compraventa, los precios de las viviendas se han disparado hasta sumas prohibitivas para el bolsillo de la inmensa mayoría de los ciudadanos de la isla, con un salario medio de cerca de 25 dólares.
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Así, Cuba reconoce «casos de beneficiados que con afán de lucro han vendido sus viviendas a altos precios, desvirtuando el objetivo social de resolver sus problemas habitacionales», según Granma.
Asimismo, en adelante y de manera excepcional, podrán legalizar su situación los 20.021 afectados por huracanes que construyeron sus hogares o comenzaron las reparaciones sin tener la documentación establecida, lo cual les permitirá ser elegibles para subsidios.
El Gobierno cubano anunció además cambios en las pautas para otorgar beneficios en este sentido y la extensión del periodo de respuesta a las solicitudes de 45 a 70 días hábiles.
Ante la gran cantidad de solicitudes de subsidios, en lo adelante se establecerán dos oportunidades al año como mínimo para la recepción de peticiones de este tipo, teniendo en cuenta el presupuesto disponible.
Fuente: EFE
