El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, afirmó que los socios de las empresas denunciadas por corrupción, como la constructora peruana Graña y Montero que estuvo consorciada con la brasileña Odebrecht, tienen que ser investigadas igualmente por la justicia de Perú.
En una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en Lima, Gutiérrez afirmó que «no solamente Graña y Montero, sino todos aquellos que hayan participado en estos consorcios», tienen que ser investigados, a la luz del decreto de urgencia dado por el Gobierno para impedir la salida de capitales involucrados en actos de corrupción.
«Y seguramente si ellos tienen razones, argumentos, para deslindar sus responsabilidades van a poder hacerlo con éxito. Si no tienen igual que ser investigados, la ley es igual para todos», declaró el defensor del pueblo.
Gutiérrez explicó que, desde su punto de vista, las empresas consorciadas «deberían estar investigadas porque si soy tu socio, conozco tus estados financieros, conozco los actos de relevancia que realiza tu negocio».
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Odebrecht declaró al Departamento de Justicia de Estados Unidos que entregó sobornos por 29 millones de dólares en Perú para hacerse de obras públicas entre 2005 y 2014, periodo que comprende los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
La compañía brasileña es investigada por la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica durante la gestión de Toledo y por la concesión del proyecto del Gasoducto Sur Peruano en el Gobierno de Humala.
Graña y Montero y la española Enagás integraron el consorcio que encabezó Odebrecht en la construcción del Gasoducto, un proyecto que ha quedado suspendido tras la anulación del contrato ordenada por el Ejecutivo peruano debido a las denuncias de corrupción.
Gutiérrez dijo que la Defensoría intervino en el diseño del decreto de urgencia, que también creó un fondo fiduciario para que el Estado asegure que las empresas denunciadas paguen la reparación civil por los actos de corrupción declarados.
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Asimismo, informó que presentó una iniciativa legislativa para derogar una norma que ha vuelto confidencial el informe técnico económico del gasoducto, y que se ha extendido a otros proyectos de obras públicas, porque impide conocer la necesidad de la obra y su impacto en la economía del país.
Gutiérrez comentó que la organización judicial ha actuado «correctamente» en el caso de la denuncia por presunto lavado de activos y tráfico de influencias contra el expresidente Toledo, sobre quien se ha dictado una orden de detención preventiva, porque existe «mucha prueba iniciaria» para las pesquisas de la Fiscalía.
El defensor añadió que el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, ha actuado «en consecuencia con el mandato constitucional» que le ordena hacer cumplir las resoluciones del sistema de justicia, al haber llamado a su colega Donald Trump para pedir la deportación de Toledo de Estados Unidos.
Gutiérrez dijo tener la convicción de que «en estos casos no hay persecusión política», sino que el Estado peruano ha actuado con celo, objetividad, y bastante pausa.
Con información de EFE
