El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) denunció la escalada de violencia y apertura de juicios a ciudadanos civiles en tribunales militares durante las manifestaciones de los meses abril y mayo.
El OVCS registró 946 manifestaciones en el país desde abril hasta el siete de mayo, con un saldo de 44 muertes. A la fecha el Ministerio Público ha reconocido el fallecimiento de 36 personas.
Distrito Capital, Carabobo, Miranda, Aragua y Lara han sido las entidades del país que concentran el mayor número de manifestaciones protagonizadas por diversos sectores sociales y políticos durante estos 37 días.
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Los saqueos e intentos de saqueo fueron permanentes durante estas cinco semanas, con un registro de 63 casos, en los que fueron afectados establecimientos y transportes.
El número de detenidos en manifestaciones está por encima de los 1.700, según datos de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano (FPV).
Los hechos de violencia y represión se incrementaron desde la activación del Plan Zamora, el 18 de abril por parte del presidente Nicolás Maduro. Este plan promueve y consolida acciones conjuntas de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) y civiles armados, facultándolos inconstitucionalmente para actuar en el control de orden público o en cualquier otro ámbito.
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EL OVCS recuerda que las acciones violentas realizadas por civiles armados, incorporados al organigrama de las FANB, amparados en el Plan Zamora, incrementan el expediente que en materia de violaciones a derechos humanos acumula el Estado venezolano.
En paralelo a la activación de este plan cívico-militar, el OVCS denuncia que el gobierno realiza detenciones al margen del Estado derecho, en las que civiles son puestos a la orden de tribunales militares. Según datos oficiales solo en el estado Carabobo más de 250 civiles fueron presentados en tribunales militares. «Esta situación es violatoria a los artículos 49 y 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y es contraria a la doctrina y jurisprudencia de derechos humanos, donde se establece que la jurisdicción penal militar no es competente para decidir sobre los derechos de un civil en un proceso penal, según lo establecido en los artículos 2.3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Pidcp)», indicó la organización.
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El OVCS exige poner fin al procesamiento de civiles en tribunales militares y a la ejecución del plan Zamora. Además pide suprimir el uso de fuerza potencialmente mortal en el contexto de las manifestaciones pacíficas y prohibir el uso sistemático de gases tóxicos para reprimir las protestas pacíficas.
Con información de El Nacional
