La impunidad, represión, torturas en Venezuela se han convertido en un lugar común del régimen de Nicolás Maduro. La Organización de Estados Americanos abrió un espacio para escuchar los testimonios de las víctimas, a modo de recavar pruebas que permitan hacer una denuncia formal en la Corte Penal Internacional.
La directora ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Suju, denunció en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), las torturas y violaciones por parte de funcionarios de las fuerzas del gobierno venezolano en contra de 289 personas, fueran manifestantes o ciudadanos adversos a sus políticas.
Esta semana, la delegación venezolana se quejó ante el Consejo Permanente que los países miembros de la OEA no aprobaron un mandato para la realización de las audiencias. En total se realizarán por lo menos tres audiencias públicas para reunir información que un grupo de expertos analizará antes de emitir una conclusión a fines de octubre.
En la primera sesión, este jueves, participaron representantes de la sociedad civil, como el grupo no gubernamental Foro Penal Venezolano, y Johanna Aguirre, viuda del activista José Márquez Fagúndez. Para el viernes está prevista la participación de tres militares venezolanos en retiro: el general Hebert García Plaza, el teniente coronel José Arocha y el capitán Igor Buitrago.
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Entre los casos más resaltantes hay detenidos durante las protestas que denunciaron que fueron agredidos sexualmente, a otros les obligaron a comer excremento y algunos fueron sometidos a descargas eléctricas. De la cantidad de afectados, 223 son hombres y 66 mujeres. 79% tienen edades comprendidas entre los 18 y 30 años de edad, mientras que 11% oscilan entre los 31 y 40 años de edad.
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Todos recibieron torturas psicológicas. Además, del total, 280 fueron golpeados y 192 fueron sometidos a torturas sexuales. En los casos de agresión sexual se incluyen las violaciones con rolos o incluso con armas de fuego. Suju destacó que 23 de los aprehendidos padecen o han pasado por “torturas blancas”, que consisten en mantenerlos en condiciones inadecuadas de reclusión.
Los cuerpos del Estado responsables por lo ocurrido son la Guardia Nacional Bolivariana, las policías regionales y la Policía Nacional Bolivariana, según detalló la defensora de los derechos humanos.
“Lo que se discutirá acá, básicamente, es si las denuncias sobre crímenes en la república Bolivariana de Venezuela pueden constituir crímenes de lesa humanidad que deban ser investigados por la CPI”, dijo el jurista argentino Luis Moreno Ocampo al abrir los trabajos.
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Con información de Venezuela Al Día
