El Gobierno de EEUU anunció que los entes locales que quieran acceder a los fondos de un programa de ayudas del Departamento de Justicia deberán cumplir con normas destinadas a acabar con las «ciudades santuario», las que protegen a los inmigrantes de la deportación.
En primer lugar, las autoridades locales deberán abrir sus cárceles a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y también deberán notificar con 48 horas de antelación de la puesta en liberad de cualquier persona indocumentada bajo custodia.
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«Para alcanzar la máxima prioridad del Departamento de Justicia de reducir los delitos violentos, debemos alentar a estas jurisdicciones ‘santuario’ a cambiar sus políticas», dijo el fiscal general, Jeff Sessions, en un comunicado.
El programa de ayudas Byrne JAG reparte unos 375 millones de dólares anuales destinados a personal, equipos u entrenamiento.
«A partir de ahora, el Departamento solo adjudicará fondos Byrne JAG a esas ciudades y estados que cumplan con la ley federal», añadió Sessions.
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La orden del Departamento de Justicia podría afectar a unas 200 entidades locales conocidas como «ciudades santuario», que protegen de la deportación a los inmigrantes y entre las que se incluyen las grandes urbes del país, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, gobernadas por la oposición demócrata.
Con información de EFE
