Estados Unidos se mantuvo hoy firme en la defensa de sus políticas migratorias hacia Cuba, a pesar de la petición de nueve Gobiernos de Latinoamérica de revisar esas medidas e intentar así atajar la crisis de los migrantes cubanos.
El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, confirmó hoy que había recibido la carta enviada este lunes al jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, por los cancilleres de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Perú.
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«Obviamente, estamos preocupados por la seguridad de todos los migrantes en la región, incluidos los que tratan de ir al norte a través del sur y el centro de América y de México», dijo Kirby en su conferencia de prensa diaria.
«La migración ilegal a menudo implica viajes peligrosos que ilustran los riesgos inherentes y las incertidumbres de colaborar con el crimen organizado, incluidos los traficantes de personas, en el intento de llegar a Estados Unidos», agregó.
Aunque Estados Unidos «sigue alentando a todos los países a respetar los derechos humanos de los migrantes» y seguirá hablando sobre el tema «con Gobiernos de la región», no tiene ningún plan de cambiar sus políticas migratorias, apuntó Kirby.
«La Ley de Ajuste Cubano sigue en pie y la política de ‘pies secos/pies mojados’ sigue siendo la política estadounidense en lo relativo a la migración cubana», agregó el portavoz.
La Ley de Ajuste Cubano, vigente desde 1966, y la política de «pies secos/pies mojados» privilegian a los cubanos que tocan territorio estadounidense, que pueden pedir la residencia permanente un año después; mientras que los interceptados en el mar son devueltos a la isla.
Varios Gobiernos latinoamericanos se han quejado de que los privilegios que genera ese marco legal estadounidense para los cubanos les alientan a emigrar hacia EE.UU. pasando por el sur y el centro del continente, algo que se ha intensificado con el restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana.
En su carta a Kerry, los cancilleres indicaron que las dos medidas estadounidenses suponen «un estímulo al flujo desordenado, irregular e inseguro de ciudadanos cubanos» hacia Estados Unidos.
La crisis en el continente comenzó en noviembre pasado con la decisión del Gobierno nicaragüense de cerrar su frontera, que provocó que cerca de 8.000 migrantes, en su mayoría cubanos, se fueran amontonando en Costa Rica y Panamá.
Ambos países tuvieron que acordar con México un operativo especial de traslado en vuelos directos a distintas ciudades mexicanas, pero el flujo de migrantes no cesó y ambos países decidieron cerrar sus fronteras e impedir el paso de los inmigrantes ilegales; Costa Rica en diciembre y Panamá en mayo.
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, planteó el mismo tema durante una reunión la semana pasada con el vicepresidente de EE.UU., Joseph Biden, pero consideró improbable que hubiera cambios en esas políticas en un futuro cercano.
«Claramente, los cambios en la ley requerirían acciones del Congreso y entiendo que no es probable que esto ocurra en un año electoral» en Estados Unidos, que celebrará comicios presidenciales en noviembre, afirmó Solís en una conferencia en el centro de estudios Wilson Center. EFE
