Al menos 10 presos murieron el sábado en el mayor centro penitenciario de Río Grande do Norte, Alcazuz, en el nordeste de Brasil, en una pelea entre bandas rivales, informaron fuentes oficiales citadas por la prensa local.
El secretario de Justicia y el gobierno del estado de ciudadanía, Wallber Virgolino, dijo al diario Globo que la situación era crítica, pero que la policía militar fue retomando el control de la prisión tras una rebelión de los internos iniciada por la tarde.
Agregó que la policía logró entrar en la prisión, pero había zonas que aún estaban bajo el control de los presos varias horas después.
Otras autoridades afirmaron que sólo la zona exterior de la prisión estaba bajo control.
Las salidas fueron bloqueadas y el cuerpo de bomberos levantó barricadas en su lugar.
La policía militar y los funcionarios de prisiones esperaban a entrar en los pasillos controlados por los presos.
«La intervención es imposible ahora. En el momento en que están sueltos en el interior y armados. Nuestra misión es evitar que salgan», dijo una fuente a medios.
Una pelea entre dos facciones rivales de internos generó disturbios, la misma razón de los disturbios en otras prisiones.
Los disturbios en Río Grande do Norte es otro capítulo en la crisis del sector penitenciario, que ha tenido disturbios en las cadenas de Amazonas y Roraima.
Desde comienzos de año, más de cien prisioneros murieron en las cárceles brasileñas.
El pasado jueves, la presidenta del Tribunal Supremo de Brasil, Carmen Lucia Antunes, pidió un «esfuerzo concentrado» a los estados para acelerar el análisis de los procesos penales de los presos, tras la crisis desatada en el sistema penitenciario.
Antunes se reunió hoy con los presidentes de 25 de los 27 tribunales regionales de Brasil para debatir y evaluar la delicada situación de las prisiones del país, que en los primeros días del año registraron alrededor de cien muertes.
La presidenta de la máxima corte del país solicitó a los representantes de los estados que informen, hasta el próximo martes, sobre la disponibilidad de los jueces, auxiliares y funcionarios para examinar los expedientes de los internos en las diferentes prisiones del país.
Durante un periodo de 90 días, magistrados de los diferentes estados del país revisarán los procesos de los reos para dar una mayor celeridad a los juicios, muchos de los cuales están estancados desde hace años.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que algunos presos que ya han cumplido sus penas continúan encarcelados, mientras que existen una gran cantidad de reos «provisionales» en todo el país que están entre rejas a la espera de que se celebre su juicio, lo que ha intensificado el hacinamiento en las prisiones.
La presidenta del Supremo recordó que el problema del sistema carcelario se intensificó este mes, cuando se registraron rebeliones y matanzas en presidios de Amazonas y Roraima, estados del norte de Brasil, a los que se unió hoy en Río Grande do Norte.
Un total de 56 personas murieron entre el 1 y 2 de enero en el complejo penitenciario Anísio Jobim, en la ciudad amazónica de Manaos, tras el enfrentamiento de dos clanes criminales rivales.
Otras cuatro personas fueron asesinadas en la Unidad de Prisión de Puraquequara (UPP), en una zona rural de Manaos, mientras que en una cárcel del estado de Paraíba hubo otras dos víctimas a comienzos de año.
En el estado de Roraima 33 presos fueron brutalmente asesinados días después en un supuesto ajuste interno de una banda criminal.
Con información de: EFE
