Las inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de Carlos Pareja Yannuzzelli motivan una nueva investigación. Esta vez, el exministro de Hidrocarburos y también exgerente de la estatal Petroecuador será investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.
El exfuncionario, ahora prófugo de la justicia, tiene otro proceso legal por cohecho. Este expediente se abrió, porque supuestamente recibió pagos en su ‘offshore’ Capaya, constituida en Panamá. Los que entregaron el dinero serían proveedores petroleros, quienes se habrían beneficiado de contratos millonarios.
La nueva acción legal por enriquecimiento, en cambio, se deriva del último examen de la Contraloría sobre su patrimonio. El organismo de control determinó vacíos en esas declaraciones e indicios de responsabilidad penal.
Uno de los bienes que Pareja Yannuzzelli no ha podido justificar su origen lícito es una vivienda de 886,19 m2, ubicada en la Urbanización La Ribera del Batán, en Samborondón, en la provincia del Guayas.
Únicamente el terreno fue adquirido por USD 221 547. Allí se levanta una casa de 500 m2, cuyo valor sobrepasaría los USD 700 000. Así lo determina el informe de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, sobre las empresas ‘offshore’ constituidas por ecuatorianos en paraísos fiscales.
En junio pasado, Pareja Yannuzzelli fue convocado a la Mesa legislativa para aclarar las dudas sobre sus propiedades.
En esa comparecencia tampoco pudo explicar por qué no incluyó ese bien en sus declaraciones ni por qué en el 2013 lo traspasó a la empresa Geapronsa S.A., en donde su hija y su hijo Carlos Andrés (procesado por el delito de cohecho) son accionistas.
Para el abogado de Pareja, Xavier Cazar, todos los bienes de su cliente “están debidamente justificados” y aseguró que el declarar o no un bien ante un notario no es suficiente para que se configure un enriquecimiento ilícito.
En el informe de la Comisión de Justicia, publicado en agosto pasado, se menciona que Geapronsa no tuvo ingresos suficientes, del 2012 al 2015, con los que pueda justificar la compra del inmueble. Por eso, la conclusión de la Mesa legislativa fue pedir a la Fiscalía que indague a Pareja por enriquecimiento ilícito.
Tres meses después, la Fiscalía abrió la indagación previa y la jueza nacional Sylvia Sánchez señaló para el próximo miércoles 23 de noviembre, la audiencia de formulación de cargos. La entidad presume que el delito se produjo cuando Pareja era secretario de Estado y por eso goza de fuero de Corte Nacional.
¿Por qué no se lo procesó antes? Galo Chiriboga, en una entrevista anterior con EL COMERCIO, indicó que para iniciar un juicio por enriquecimiento ilícito contra el exministro se necesitaba el informe de la Contraloría General.
El Código Penal (art. 581) pone como requisito para tramitar demandas por este delito y por peculado, el informe del organismo de control en donde se desprendan indicios de responsabilidad penal.
Pareja, en la comparecencia en la Comisión legislativa, dio una explicación sobre sus bienes: “En mi declaración patrimonial no consta esa casa. Por lo tanto no es de mi propiedad”.
En cuatro declaraciones de bienes, Pareja Yanuzzelli asegura tener activos por USD 225 133. En el 2014, su riqueza fue de USD 284 700, en el 2015 creció a USD 311 500 y en este año bajó a USD 79 200.
Los hechos relacionados con la investigación
08/06/2016
Carlos Pareja acudió a la Comisión de Justicia de la Asamblea para explicar sobre la ‘offhore’ Capaya, constituida en Panamá, que tiene las iniciales de su nombre y apellido.
28/09/2016
El exfuncionario abandona el país hacia Estados Unidos junto con su hijo Carlos Andrés. Ambos son investigados por el pago de supuestos sobornos de contratistas.
21/10/2016
La jueza Karen Matamoros procesa formalmente a Pareja, su hijo, su hermana y 15 personas más. La autoridad emite una orden de detención contra el exfuncionario.
16/11/2016
El legislador Christian Viteri afirma que la Asistencia Penal Internacional, en donde se revelan las transferencias que recibió Pareja, llegó al país antes de que él se fugara. En contexto El Código Penal (art. 280) dice que el cohecho se paga con cárcel de uno a siete años. Mientras que el enriquecimiento ilícito tiene una pena de entre siete y 10 años, cuando el patrimonio injustificado supera los 400 salarios básicos (USD 146 400).
Con información de El Comercio
