Una semana después de haberse registrado la captura de la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto Pérez, en Bogotá, un juez de esta ciudad decidió solicitar medida de aseguramiento en su contra por los delitos de celebración de contratos sin requisitos legales, peculado, falsedad en documento público, falsedad en documento privado e interés indebido en celebración de contratos.
La exmandataria departamental es procesada por las supuestas falencias halladas en un contrato por 16.800 millones de pesos, el cual celebró días antes de renunciar a la Alcaldía del municipio de Albania, para postularse como candidata en las elecciones para la Gobernación de La Guajira.
Lea también : Indemnizarán a familia afectada por conflicto armado colombiano
La investigación de la fiscalía se remonta a los convenios 04 y 08 celebrados con la Empresa Social del Estado, Hospital San Rafael de Albania, cuyo objetivo principal era la reducción de la mortalidad infantil en ese municipio. Sin embargo, el ente investigador aseguró que no se cumplió a cabalidad con ese propósito. El Juez 35 además explicó que las personas contratadas no tenían el perfil requerido y la idoneidad para realizar la obra.
En contra de la exgobernadora Pinto Pérez continúa otro proceso por su supuesta autoría en las amenazas en contra del Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, cuando fungió como Gobernador encargado de La Guajira después que la Sección Quinta del Consejo de Estado anulara su elección por considerar que se presentó una violación al régimen de inhabilidades.
Más información en El Espectador
