Un grupo de familiares de exagentes del dictador Augusto Pinochet condenados por crímenes de lesa humanidad se manifestaron en Santiago para denunciar la supuesta vulneración de los derechos humanos de sus parientes encarcelados.
La manifestación fue convocada tras la muerte, la noche de este martes del excarabinero Gustavo Muñoz Albornoz de 75 años, a causa de un cáncer terminal, y que diciembre de 2016 había solicitado, junto a otros cinco antiguos agentes de Augusto Pinochet condenados a prisión, el indulto presidencial.
Todos ellos son adultos mayores y padecen enfermedades terminales, pese a lo cual se les han negado algunos beneficios para mejorar sus condiciones o morir en sus hogares, alegan los familiares.
La convocatoria reunió frente al palacio de los Tribunales, en el centro de Santiago, a una treintena de familiares de los presos, que denunciaron «atropellos, vulneraciones y violaciones a los derechos humanos en contra de internos enfermos terminales que cumplen condena en Punta Peuco».
Punta Peuco es una prisión reservada a violadores de los derechos humanos construida en 1995 en el municipio de Tiltil, a 35 kilómetros al norte de Santiago y es definida por las víctimas de la dictadura como una cárcel «cinco estrellas», con canchas de tenis, terrazas para hacer asados y amplios comedores.
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Raúl Meza, abogado de Gustavo Muñoz y de otros exagentes presos, dijo que su cliente padecía cáncer terminal y que falleció en el hospital de la Dirección Previsional de Carabineros (Dipreca).
En declaraciones al diario La Tercera, Meza afirmó que Muñoz, condenado por torturas y secuestros calificados (desapariciones), debió soportar condiciones «infrahumanas» en el hospital, por lo que la familia presentará una querella por delito de lesa humanidad «por tratos de crueldad, inhumanos y degradantes a los cuales fue sometido durante su hospitalización por parte de funcionarios de gendarmería».
Precisó que Gustavo Muñoz «falleció engrillado, en una condición infrahumana, constituyéndose una abierta violación a los Derechos Humanos».
Los manifestantes señalaron que han acudido al Instituto Nacional de Derechos Humanos, al Colegio Médico e incluso a la presidenta Michelle Bachelet para que acudan a Punta Peuco con el fin de verificar el estado de los reos, sin haber obtenido una respuesta.
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El pasado diciembre, los familiares solicitaron el indulto presidencial a los mayores de 70 años y padecieran enfermedades crónicas y terminales, petición que fue rechazada.
Según datos oficiales, durante la dictadura de Pinochet unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras unos 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
Con información de EFE
