Un grupo de familiares de víctimas de Pinochet se encadenaron este jeuves a los bancos de la Catedral de Santiago de Chile, en rechazo a la petición de perdón que harán este viernes antiguos represores de la dictadura, considerada por ellos una puesta en escena para conseguir rebajas carcelarias.
Se trata de seis familiares de detenidos desaparecidos en la dictadura (1973-1990) quienes protestaron contra el acto que se realizará mañana en la prisión de Punta Peuco en el marco de un evento ecuménico.
Para los manifestantes, pertenecientes al Colectivo contra el Olvido, este gesto inédito en democracia no es significativo si no se acompaña de la revelación de datos concretos que «lleven a encontrar los restos de las personas desaparecidas» durante la dictadura.
«Se pretende que los que están en Punta Peuco salgan a la calle, como si no fuesen responsables de tantos y tantos crímenes. Le exigimos al mundo ecuménico que no se preste para este circo que solo viene a imponer el desprecio absoluto hacia los sobrevivientes y familiares y el olvido de nuestros caídos», señaló la organización a través de un comunicado.
«Rechazamos categóricamente el pacto de silencio que se hizo con la dictadura a espaldas del pueblo y sus víctimas y exigimos término inmediato de este. Rechazamos enérgicamente el ‘perdonazo’ que se pretende dar a los criminales de lesa humanidad, más aún cuando estos crímenes son imperdonables en el mundo entero, no prescriben y no son sujetos de beneficios», añade el texto.
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Este viernes un grupo de ocho exagentes de Pinochet condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en Chile pedirán perdón durante una ceremonia ecuménica que se celebrará en el centro penitenciario en el que cumplen sus sentencias.
Se trata de un gesto inédito en democracia que ha reabierto el debate sobre la posibilidad de otorgar medidas de gracia a quienes han sido condenados por violar los derechos humanos.
Si bien los involucrados han descartado que detrás de su interés por ofrecer las disculpas públicas exista una motivación para poder optar a beneficios carcelarios, los familiares de las víctimas creen que se trata de una puesta en escena.
El debate sobre si corresponde que quienes han cometido crímenes de lesa humanidad -imprescriptibles e inamnistiables, según normas de la Justicia Internacional de las que Chile es parte- pueden acceder a medidas de gracia se abrió hace días en Chile después de que Sebastián Piñera y el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, propusieran que los reclusos mayores de 75 años o que tenga una enfermedad terminal cumplan su condena en arresto domiciliario.
Con información de EFE
