El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, visita esta semana Washington para mantener reuniones de trabajo con el Departamento de Justicia, por el caso de corrupción de la constructora Odebrecht, y con el Departamento de Estado y la CIDH sobre casos de violaciones de derechos humanos en su país.
El primer punto de la agenda del fiscal es un encuentro hoy con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, para entregarle información sobre casos de violaciones de derechos humanos cometidos en su país y pedirle «apoyo».
«Muchas de las personas que han cometido estos delitos están en Estados Unidos», explicó el fiscal en declaraciones a Efe en la Embajada de Ecuador en Washington, antes de atender sus compromisos en la capital.
Ecuador ya ha solicitado la extradición de «varias de estas personas» y uno de los casos que más preocupa a la Fiscalía es el del exgeneral de Policía Edgar Vacca, acusado de crímenes de lesa humanidad y que habría recibido asilo en EE.UU. según su defensa.
«Queremos que la Comisión (CIDH) tenga toda la información, que no tengan una visión de que se trata de perseguidos políticos», indicó el fiscal.
«No son delitos menores, sino que hablamos de temas como las ejecuciones extrajudiciales», agregó.
Este será un tema que Chiriboga abordará también el martes en una reunión en el Departamento de Estado con el subsecretario de Estado Adjunto para Latinoamérica, Michael J. Fitzpatrick.
El miércoles, el fiscal tendrá un encuentro con funcionarios de Justicia para pedir al departamento información sobre quiénes habrían estado involucrados en Ecuadoren el caso de corrupción de Odebrecht.
El pasado 21 de diciembre, el Departamento de Justicia de EE.UU. informó que la constructora brasileña Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Brasil.
Sobre Ecuador, la información publicada hasta ahora por la Justicia estadounidense es que entre 2007 y 2016 la constructora hizo pagos corruptos por valor de más de 35,5 millones de dólares a «funcionarios del Gobierno», lo que le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.
La Fiscalía ecuatoriana quiere «nombres» y más información que permita «enriquecer» la investigación de oficio iniciada en Ecuador «al día siguiente» del anuncio de la Justicia estadounidense.
Preguntado por las acciones emprendidas contra Odebrecht, el fiscal indicó que la empresa tiene prohibidos nuevos contratos en Ecuador, pero no aclaró si se prevé presentar una querella penal o exigir una indemnización al país por el daño causado.
Sobre el viaje del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, a Washington el pasado 12 de enero para denunciar una supuesta «persecución» por parte del Gobierno de Rafael Correa en relación al caso de Odebrecht, el fiscal lo consideró un «grave error» que «dejó mal» no solo a la Alcaldía sino al Estado.
Con información de EFE
