La fiscal general en funciones de Estados Unidos, Sally Yates, ordenó este lunes a los abogados del Departamento de Justicia que no defiendan en los tribunales el veto a inmigrantes y refugiados impuesto por el presidente, Donald Trump.
En una carta enviada a los abogados del Departamento de Justicia, Yates dijo no estar «convencida» de que la orden ejecutiva de Trump sea «legal».
Yates es una fiscal de la era del expresidente Barack Obama y sigue en el cargo a la espera de que el Senado estadounidense confirme al nominado de Trump para la Fiscalía General, el senador republicano Jeff Sessions.
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En una carta enviada a los abogados del Departamento de Justicia, Yates dijo no estar «convencida» de que la orden ejecutiva de Trump sea «legal».
Yates es una fiscal de la era del expresidente Barack Obama y sigue en el cargo a la espera de que el Senado estadounidense confirme al nominado de Trump para la Fiscalía General, el senador republicano Jeff Sessions.
«Soy responsable de velar porque las posiciones que tomamos en los tribunales sean consistentes con la solemne obligación de esta institución de buscar la justicia y defender lo que es correcto», afirmó la fiscal general en funciones en la misiva.
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«En este momento, no estoy convencida de que la defensa de la orden ejecutiva sea consecuente con estas responsabilidades ni estoy convencida de que la orden ejecutiva sea legal», agregó.
Por eso, Yates ordenó a los abogados del Departamento de Justicia que no defiendan la orden ejecutiva en las demandas interpuestas en su contra en Virginia, Nueva York, Massachusetts, el estado de Washington y California, como mínimo.
«Mientras siga como fiscal general en funciones, el Departamento de Justicia no presentará argumentos en defensa de la orden ejecutiva, a menos y hasta que esté convencida de que sería apropiado hacerlo», concluyó Yates.
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El presidente tiene competencias para despedir a Yates, pero el cargo quedaría entonces vacante hasta la confirmación de Sessions.
El decreto ley suspende el ingreso en EE.UU. de todos los refugiados durante 120 días, así como la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana con historial terrorista -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán- hasta que se establezcan nuevos mecanismos de vigilancia más estrictos.
Obama rompió precisamente hoy su silencio al afirmar que «no está de acuerdo con la noción de discriminar a los individuos debido a su fe o religión», de acuerdo con su portavoz, Kevin Lewis
«Soy responsable de velar porque las posiciones que tomamos en los tribunales sean consistentes con la solemne obligación de esta institución de buscar la justicia y defender lo que es correcto», afirmó la fiscal general en funciones en la misiva.
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«En este momento, no estoy convencida de que la defensa de la orden ejecutiva sea consecuente con estas responsabilidades ni estoy convencida de que la orden ejecutiva sea legal», agregó.
Por eso, Yates ordenó a los abogados del Departamento de Justicia que no defiendan la orden ejecutiva en las demandas interpuestas en su contra en Virginia, Nueva York, Massachusetts, el estado de Washington y California, como mínimo.
«Mientras siga como fiscal general en funciones, el Departamento de Justicia no presentará argumentos en defensa de la orden ejecutiva, a menos y hasta que esté convencida de que sería apropiado hacerlo», concluyó Yates.
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A través de Twitter, Trump se pronunció sobre la decisión tomada por Yates: «Los demócratas están retrasando mis nominados para el Gabinete por razones puramente políticas. No tienen nada más que hacer sino obstruir. Ahora tengo una fiscal general de Obama».
El presidente tiene competencias para despedir a Yates, pero el cargo quedaría entonces vacante hasta la confirmación de Sessions.
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Trump ha causado una enorme controversia y ha soliviantado a medio mundo con la orden ejecutiva que firmó el pasado viernes, como herramienta para luchar contra el terrorismo yihadista.
El decreto ley suspende el ingreso en EE.UU. de todos los refugiados durante 120 días, así como la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana con historial terrorista -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán- hasta que se establezcan nuevos mecanismos de vigilancia más estrictos.
Obama rompió precisamente hoy su silencio al afirmar que «no está de acuerdo con la noción de discriminar a los individuos debido a su fe o religión», de acuerdo con su portavoz, Kevin Lewis.
Con información de EFE
