La delegación del gobierno de Colombia que negocia la paz con la guerrilla del ELN expresó que el cese de los secuestros es una exigencia del Derecho Internacional Humanitario, y no una demanda unilateral del ejecutivo.
La delegación gubernamental se refirió a una misiva que el ELN envió a las organizaciones sociales Red Prodepaz y Mesa Social para la Paz en la que aseguraba que «el gobierno ha condicionado cualquier avance sobre la participación, a una imposición unilateral sobre el tema de las retenciones» de personas.
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«Si de imposiciones se tratase, sería el DIH (Derecho Internacional Humanitario), no el Gobierno, el que ‘impondría’ perentoriamente la cesación de la práctica del secuestro, y el que exigiría al ELN que esta cesación fuese el resultado de una decisión unilateral”, dijo el gobierno en carta a las mismas organizaciones.
El ELN se ha negado a renunciar públicamente a su política de secuestrar personas.
La delegación gubernamental añadió que en la agenda de conversaciones las partes acordaron «que la guía de las acciones unilaterales que deben adoptar las partes, y los acuerdos a que se llegue, deben tener como objetivo insoslayable el cumplimiento de los postulados del Derecho Internacional Humanitario».
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Añadió que el propósito de este punto es «proteger a las personas no combatientes y a la población civil, de los efectos que el conflicto armado les causa».
El DIH, que se basa principalmente en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, regula la conducta de los beligerantes en los conflictos armados y protege a quienes no son combatientes, como los civiles, prisioneros de guerra y personal de salud.
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«Mírelo por donde se les mire, las actuaciones delincuenciales asociadas al secuestro que continúa haciendo el ELN son indefensables», dijo Jua Camilo Restrepo, jefe de la delegación del gobierno
Con información de AFP
