El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se mostró hoy dividido entre aquellos países que denunciaron las graves violaciones de las libertades fundamentales en Venezuela y los que criticaron la supuesta injerencia de este órgano en los asuntos internos venezolanos.
El comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, presentó el lunes en la apertura de la trigésimo sexta sesión ordinaria del Consejo su informe general sobre la situación de las libertades fundamentales en el mundo, en el que hubo un énfasis especial en la crisis venezolana.
Zeid afirmó que la represión de las recientes protestas antigubernamentales podría constituir crímenes contra la humanidad, y pidió una investigación internacional independiente para dilucidar lo que ocurrió.
Ambos comentarios fueron vehementemente rechazados por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, quien también se dirigió el lunes al pleno del Consejo y acusó a Zeid de “mentir”.
Este martes era el turno de los países de responder al discurso de Zeid y la sala se dividió entre los que defendieron al jordano, su oficina y los resultados de la pesquisa sobre la situación en Venezuela y aquellos que acusaron al comisionado de injerencia en los asuntos internos del país suramericano. El más virulento fue el embajador venezolano, Jorge Valero, quien censuró “el comportamiento selectivo, parcializado y politizado del alto comisionado en contra de Venezuela” y lo acusó de actuar “al servicio” de Estados Unidos.
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Le apoyaron explícitamente Cuba, Ecuador y Egipto, así como el Grupo de Países de Similares Opiniones y el grupo de las Naciones No Alineadas.
Todos rechazaron la injerencia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) en los asuntos internos de Venezuela y la supuesta parcialidad del organismo. “Llamamos al cese de toda intervención en los asuntos internos y al fin del doble rasero”, demandó Cuba al mismo tiempo que Ecuador aseveraba que “la crisis debe ser resuelta sin interferencias externas”, rechazando las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela.
En su turno de intervención, EE UU se limitó a denunciar “la escalada de las violaciones de los derechos humanos (…) Hacemos un llamamiento al gobierno de Nicolás Maduro para que restablezca la democracia y libere inmediatamente y sin condiciones a todos los presos políticos”, dijo el delegado estadounidense, una solicitud que también hicieron todos aquellos que interpelaron a Caracas.
EE UU apoyó la declaración del Grupo de Lima, que reúne a 12 países que el pasado agosto definieron como una “dictadura” al gobierno de Nicolás Maduro. El grupo volvió a tomar la palabra hoy, y denunció que la situación en Venezuela se ha agravado en las últimas semanas “con la decisión de perseguir a los opositores que han compartido sus quejas con la comunidad internacional”.
“El Estado venezolano transgrede las normas constitucionales, la voluntad del pueblo y los valores interamericanos, reprime el disenso político y atemoriza a la población”, dijo el representante paraguayo, que habló en nombre del grupo.
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La Unión Europea, liderada por Estonia, consideró que “la crisis multidimensional” en Venezuela se está profundizando y exigió la liberación de los presos políticos, algo que apoyó también específicamente España. El embajador español, Cristóbal González-Aller, añadió que cualquier solución a la crisis debe ser “pacífica, democrática y negociada, y debe incluir el fin de la violencia y el respeto a la manifestación pacífica”.
Los países críticos con el comportamiento del gobierno venezolano pueden intentar reunir durante los próximos días los apoyos necesarios para aprobar una resolución en la que mostrar su preocupación y, tal vez, su condena a la situación en la nación. Por otra parte, la Comisión Internacional de Juristas denunció hoy que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela es “un brazo” del gobierno de Maduro que ha dejado de actuar como un ente independiente de defensa de la ley para complacer los deseos del Ejecutivo.
“La Corte Suprema de Justicia de Venezuela ha dejado de actuar como una corte independiente que aplica la ley y el orden y se ha convertido en un brazo de un Ejecutivo autoritario”, afirmó la comisión en un informe, añadiendo que el tribunal “ha decidido en función de consideraciones políticas e ideológicas y lealtades partidarias hacia el poder Ejecutivo”.
