Un grupo de indígenas de Ecuador, apoyado por organizaciones civiles, denunció hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Gobierno ecuatoriano vulnera sus derechos al aprobar proyectos mineros y petroleros que provocan su desplazamiento forzoso sin haberles consultado previamente.
La denuncia fue expuesta durante el 163 período de sesiones, que concluye hoy en Lima, contra los supuestos excesos del Estado ecuatoriano en los casos Sarayaku y San Carlos-Panantza, donde se ha concedido un proyecto petrolero a la china Andes Petroleum y una mina a Explorcobres (ECSA), también de capital chino.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Mario Melo, explicó a Efe que el objetivo de la audiencia fue mostrar «cómo esas concesiones provocan un deterioro en la relación profunda de los pueblos con su territorio».
«Este quebrantamiento de la identidad cultural impide el ejercicio de sus derechos y pone en peligro la supervivencia de las comunidades. Tiene impactos tremendamente graves, que son tolerados y permitidos por el Estado ecuatoriano», afirmó Melo.
El ponente destacó el caso de San Carlos-Panantza, donde aseguró que hubo un desplazamiento forzoso de 200 nativos de la comunidad Nankints, en la provincia de Morona Santiago, por parte de personal armado, para construir en su lugar un campamento minero.
Según el Gobierno ecuatoriano, la superficie reclamada por los nativos no corresponde a las tierras ancestrales de las comunidades y afirma que fueron adquiridas a colonos hace algunos años.
EFE
