Un juez federal determinó hoy archivar una investigación en contra del expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) relacionada con su supuesta implicación en el caso Petrobras y que se sustentaba en las confesiones de directivos del grupo Odebrecht.
El juez Márcio Assad Guardia justificó su decisión al reconocer que los hechos sobre los que se investigaba al exmandatario ya están prescritos, según recogió en su sentencia a pedido de la Fiscalía, que defendía la misma tesis.
Las sospechas sobre Cardoso se desprendían del testimonio a la Justicia de Emilio Odebrecht, patriarca de la familia Odebrecht, que da nombre al grupo implicado en un gigantesco caso de corrupción de dimensión internacional.
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Odebrecht acusó al expresidente de recibir, de parte de la empresa, ventajas indebidas no declaradas para las campañas electorales de 1993 y 1997.
Sin embargo, el magistrado, en línea con el Ministerio Público, argumentó que el máximo plazo para investigar o juzgar ese tipo de delito es de 20 años, de acuerdo con el Código Penal.
En el caso de Cardoso ese periodo se reduce a la mitad por tener más de 70 años de edad, afirmó Assad Guardia en su dictamen.
Pasados más de 10 años desde la fecha de los hechos, es decir, las campañas electorales en 1993 y 1997 y sin que haya habido interrupción alguna desde ese plazo hasta el presente, he de reconocer la prescripción, conforme a lo requerido por el órgano ministerial (Fiscalía)», añadió.
Los testimonios de los 77 exdirectivos de Odebrecht se conocieron públicamente en abril pasado y provocaron todo un terremoto en Brasil que llevó a la Corte Suprema a autorizar la apertura de 76 investigaciones contra casi cien políticos con fuero privilegiado citados en las delaciones.
En la lista de sospechosos divulgada inicialmente hubo ocho ministros del Ejecutivo del presidente Michel Temer y 12 de los 27 gobernadores del país, además de los cinco exmandatarios brasileños vivos: José Sarney (1985-1990), Fernando Collor de Mello (1990-1992), Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016).
Los relatos revelaron la financiación ilegal de campañas, «favores» en dinero para «retribuir» la obtención de obras públicas o la aprobación de leyes que favorecían los negocios de la empresa.
No obstante, el pago de supuestos sobornos no se limitó a Brasil y se expandió de la mano de Odebrecht por una docena de países de Latinoamérica -incluido Brasil- y África, según documentos publicados en diciembre del año pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Fuente: EFE.
