La Contraloría General de Colombia abrió 11 procesos de responsabilidad fiscal por unos 1,3 millones de dólares a empresas y funcionarios por cobrar tratamientos siquiátricos que no se hicieron a pacientes pobres del departamento de Sucre (norte), informó la entidad.
En los hechos están involucrados los representantes legales de cinco Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), así como los secretarios de Salud de la época y otros funcionarios de la Gobernación, informó la Contraloría en un comunicado.
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Los hechos ocurrieron durante las vigencias 2012 a 2015, dentro del denominado «Cartel de Enfermos Mentales», a través del cual se falsificaron firmas y documentos para apropiarse de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), destinados a la población pobre no asegurada, detalla la información.
Según las investigaciones de la Contraloría, a través de la Secretaría de Salud del Departamento de Sucre, se autorizaron pagos durante la vigencia 2015 por «supuestos tratamientos y hospitalización de enfermos mentales, donde los pacientes no existían y los soportes que acompañaban las facturas habrían sido igualmente falsos».
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El proceso de mayor cuantía corresponde a los cobros efectuados usando el nombre de un médico psiquiatra establecido en Bogotá, quien dijo a la Contraloría que su firma fue falsificada y que nunca ordenó tratamientos por los que la Secretaría de Salud Departamental de Sucre pagó más de 747.000 dólares.
Se trató de supuestos servicios de hospitalización y atención de pacientes con trastornos mentales y patología de drogodependencia.
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La Contraloría vinculó a los procesos de responsabilidad fiscal a Efraín de Jesús Suárez Arrieta y Nayibe del Carmen Padilla Villa, exsecretarios de salud de Sucre y a otros dos funcionarios de la misma entidad.
Igualmente, fueron vinculadas las IPS Clínica Nuevos Amaneceres, Fundación Nuevo Ser, Fundación Mar de Galilea, Clínica Santa Isabel, Fundación Libertad y Fe y Centro de Neuro Rehabilitación San Rafael.
Con información de EFE
