Jacobson sobre Venezuela: Países del continente deben defender democracia de Venezuela

US Assistant Secretary of State for Western Hemisphere Affairs Roberta S. Jacobson delivers remarks regarding the concluded fourth round of talks to re-establish diplomatic relations and re-open embassies with Cuba May 22, 2015, at the Foreign Press Club in Washington, DC. Talks between the United States and Cuba failed to nail down an agreement on restoring diplomatic ties and will stretch into a new round, officials from both sides said Friday. AFP PHOTO/PAUL J. RICHARDSPAUL J. RICHARDS/AFP/Getty Images ** OUTS - ELSENT, FPG - OUTS * NM, PH, VA if sourced by CT, LA or MoD **

Comunicado por Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México

Exclusivo para la Organización Editorial Mexicana

La diversa familia de naciones del continente Americano reconoce a la democracia como parte de nuestro ADN colectivo. Por décadas, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha sido el foro para discutir nuestros más grandes retos y tomar acciones para hacerles frente.

De manera especial después de la aprobación de la Carta Democrática Interamericana en 2001, la OEA ha respondido eficazmente a los retos que usurparon o trataron de usurpar el poder de gobiernos elegidos democráticamente, El reto que enfrentamos hoy es la espiral letal de la democracia en Venezuela.

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El gobierno de Nicolás Maduro ha minado desde adentro, sin descanso e intencionadamente las otras ramas constitucionales de gobierno. Desde que los partidos de oposición ganaron la mayoría de curules en 2015, la Asamblea Nacional de Venezuela ha sido sistemáticamente sofocada por el gobierno de Maduro.

Cuando el pueblo venezolano trató de llamar a cuentas a su gobierno convocando a votar para determinar el liderazgo de Maduro al frente del gobierno a través de un referéndum revocatorio, el gobierno se escondió de nuevo tras reclamos vagos y no probados de fraude para retrasar el referéndum y, cuando fue claro que el gobierno perdería el proceso, entonces participó en un diálogo que él mismo saboteó.

Maduro depende cada vez más de los militares venezolanos para controlar la economía, intimidar a sus oponentes y reprimir el descontento popular. Más de 331 civiles venezolanos han sido detenidos y procesados por cortes militares en juicios secretos. Sin embargo, la Constitución de Venezuela claramente establece que la jurisdicción de las cortes militares se limita a ofensas de naturaleza militar.

El mismo Procurador General de Venezuela, designado por el entonces presidente Hugo Chávez en 2007 ha condenado tales juicios y se le ha negado acceso a los detenidos.

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El gobierno de Maduro ha tenido todas las oportunidades de acabar con esta marcha que los aleja de la democracia. En noviembre pasado, en un diálogo con la presencia de enviados del Vaticano, prometió en una declaración conjunta con la oposición política que se comportaría “estrictamente dentro del marco constitucional: una senda democrática, pacífica y electoral”.

Sin embargo y de manera sorprendente, el régimen no puso en práctica ninguno de los compromisos públicos que suscribió como resultado de las conversaciones y, en vez de ello, ha seguido saboteando la democracia venezolana.

Los efectos secundarios de la crisis venezolana son serios y están creciendo, ya sea en los flujos de migrantes irregulares a países de nuestra región o el creciente flujo de armas y actividad criminal que afectan especialmente al Caribe.

México, los Estados Unidos y la mayoría de los países de nuestro hemisferio están unidos en nuestra determinación de encontrar una solución democrática a la situación insostenible e injustificada en la que Maduro ha puesto al pueblo venezolano.

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