El presidente impulsa condenas contra Fernando Villavicencio por divulgación de información reservada e injurias. Es quien reveló desde su portal el caso Petroecuador, entre otros.
El 9 de noviembre, el hashtag #tuiteandocomogalochiriboga marcó tendencia en la red social twitter en Ecuador y con ella, junto con varios memes y fotografías, se comenzaron a recordar casos de corrupción en este país andino, mediante burlas por un post del Fiscal de la Nación, Galo Chiriboga.
Ese día, el Fiscal Chiriboga publicó entrecomillados dos tuits con los hashtags #LaverdadCasoPetroecuador y #NuncaMasImpunidad.
«Las personas procesadas por peculado no garantizan con su huida impunidad»; «De ser declarados culpables tendrán que vivir ausentes y escondidos de por vida, lo cual constituye una grave pena», decían sus tuits.
Esas publicaciones enfurecieron a la comunidad de tuiteros que no esperó para contestarle y recordar casos de corrupción como el del argentino Gastón Duzac, del ex presidente del Banco Central, Pedro Delgado, entre otros, disfrutando de los placeres de vivir escondidos de por vida o vivir ausentes.
El #tuiteandocomogalochiriboga, además de recordar al fiscal los más sonados casos de corrupción en el país, puso una vez más sobre el tapete las órdenes de prisión que existen contra Fernando Villavicencio, ex sindicalista, periodista y actual director de investigación del portal Focus, a través del cual ha denunciado grandes casos de corrupción que afectan al gobierno de Rafael Correa, entre ellos uno de los más recientes sobre la red de coimas en la estatal petrolera Petroecuador en torno a la repotenciación de la refinería de Esmeraldas.
Al momento Villavicencio, que afirma que el Gobierno lo quiere preso para evitar que siga destapando casos de corrupción –lo cual es negado por el Gobierno- enfrenta dos juicios; una orden de prisión preventiva que aún no se ejecuta que incluye la posibilidad de ir hasta por 3 años a la cárcel si finalmente se le encuentra culpable de los delitos que se le imputan; y el riesgo de perder sus bienes, patrimonio de sus hijos, para pagar por una sentencia de un juicio que le ganó el presidente Correa.
«En cualquier momento pueden llegar a mi casa y llevarme a la cárcel o llevarse mis bienes: el carro de la familia y el menaje de casa», sostiene Villavicencio, quien al momento espera la resolución sobre la apelación presentada por su abogado en días pasados a la orden de prisión preventiva en su contra.
El un juicio contra Villavicencio es por divulgación de información reservada; se originó en el 2013 tras un allanamiento y confiscación de implementos electrónicos, incluidos celulares tablets y documentos, realizado en diciembre de ese año a las viviendas de Fernando Villavicencio y del asambleísta Cléver Jiménez, a quien también le intervinieron su oficina, por un presunto hackeo de correos electrónicos del Presidente, del Vicepresidente, de varios ministros y del Asesor Jurídico de la Presidencia.
Los allanamientos fueron pedidos por la Presidencia de la República y ordenados por el Juez de la Corte Nacional Jorge Blum y el Fiscal General, Galo Chiriboga.
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