La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México afirmó que «los actos ilícitos no pueden combatirse con otros nuevos ilícitos», en relación al operativo que las fuerzas de seguridad desarrollaron en Tanhuato en 2015, en el que presuntamente hubo 22 ejecuciones arbitrarias.
Como respuesta a las «diversas opiniones» emitidas tras la presentación de su informe sobre lo ocurrido en el rancho del Sol, en el occidental estado de Michoacán, la CNDH publicó un comunicado en el que aseveró que «el combate a la delincuencia y la tarea de brindar seguridad a la sociedad son compatibles con el respeto y la vigencia de los derechos humanos».
En el informe, presentado a mediados de agosto pasado, el organismo señaló que de las 43 muertes registradas en el operativo contra supuestos integrantes del crimen organizado, 22 de las víctimas sufrieron una ejecución arbitraria.
Además, denunció que cuatro personas murieron por el «uso excesivo de la fuerza» y se dieron actos de tortura, manipulación de evidencias y falsedad en las informaciones, entre otras irregularidades.
Tras la presentación del reporte, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, dijo aceptar las recomendaciones emitidas por la CNDH a su institución, pero aseguró que en este caso no se configura «la hipótesis de ejecuciones arbitrarias».
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«El uso de las armas fue necesario y se actuó, en nuestra consideración, en legítima defensa», afirmó Sales tras asegurar que los agentes se identificaron y exigieron a los civiles que estaban en el rancho que depusieran las armas y «la respuesta fue con disparos de arma de fuego».
La CNDH indicó en su comunicado que en la medida en que las autoridades «sujeten su actuación a lo previsto por las normas y preserven los derechos fundamentales», no habrá razón para que sean objeto de pronunciamientos en materia de derechos humanos.
Asimismo, calificó los delitos de tortura, ejecución arbitraria y tratos cueles de «conductas injustificables e inadmisibles» en un Estado que tiene como guía los derechos humanos.
La recomendación, afirmó la CNDH, «no cuestiona ni busca evitar en modo alguno el legítimo ejercicio de las atribuciones que en materia de seguridad corresponden a las autoridades», sino que buscan «fortalecer la institucionalidad y el cumplimiento de la ley».
Con información de EFE
