México pone en marcha su Sistema Nacional Anticorrupción con carencias técnicas que podrían poner en riesgo los resultados esperados de su funcionamiento.
Redacción El País
El ambicioso entramado legal para combatir uno de los problemas más graves del país arranca este miércoles 19 de julio sin un fiscal que investigue los ilícitos y sin magistrados especializados que sancionen las faltas administrativas graves de los funcionarios y particulares.
Tampoco están listos los 32 sistemas locales que forman parte del sistema. Una treintena de organizaciones sociales advirtieron el lunes que el naciente sistema está despertando resistencias y urgieron a fortalecerlo. Una de las exigencias es constituir una fiscalía autónoma, independiente y eficaz.
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La reforma constitucional de 2015 que le dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) representó un avance histórico en la lucha contra este mal endémico que le cuesta al país el 10% del PIB. El marco legal creó mecanismos para detectar, denunciar y sancionar a cualquier servidor público que sea partícipe de corruptelas y también brindó facultades para castigar a particulares que cometan conductas ilegales.
Se fortaleció a la Auditoría Superior de la Federación –el máximo órgano fiscalizador- para que audite en tiempo real el dinero público y no presente sus resultados de forma desfasada como ocurría hasta ahora. La robusta legislación obliga a los funcionarios a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales y de intereses, situación que antes quedaba a decisión del funcionario.
Los escándalos en la opinión pública como la cuestionada casa blanca de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto y las acusaciones penales contra gobernadores como Javier Duarte (PRI), de Veracruz, que utilizaron los recursos públicos como un botín, obligaron al Gobierno a retomar la agenda legal contra la corrupción.
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Una vez que el entramado de siete leyes fue aprobado, los siguientes pasos para hacer realidad el sistema se fueron retrasando. Así, este miércoles, inicia operaciones tras una campaña de cuestionamientos y golpeteo político en contra de los integrantes ciudadanos del sistema y sin recursos suficientes que garanticen su adecuada operación.
