Dado que en España los casos de bebés robados durante el franquismo «no se investigan» o se «obstaculizan» las indagatorias, Amnistía Internacional presentó hoy en México una querella ante la fiscalía general con la que pretenden sembrar un precedente y encontrar la verdad.
El caso se centra en Ligia Ceballos, mexicana que hace 15 años descubrió, por un comentario de su exesposo, que había nacido en España en 1968 con otra identidad y había sido entregada a quienes consideraba como sus padres biológicos.
«Al principio te quedas en ‘shock’, no das crédito», pero «consultas con tus padres y te vas dando cuenta de que las cosas no fueron como tú has creído», afirmó hoy a Efe Ceballos tras una conferencia en la que se expusieron los detalles de la denuncia presentada el miércoles ante la Procuraduría General de la República (PGR).
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A partir de su descubrimiento, Ceballos comenzó una indagatoria con la que llegó a España, donde pudo obtener, tras superar diversas dificultades, una partida de nacimiento que reconoce que nació bajo el nombre de María Diana Ortiz Ramírez el 29 de mayo de 1968 en Madrid.
Una fecha que coincide con la registrada en su otra partida, la mexicana, aunque esta especifica que su lugar de nacimiento fue Mérida, en el suroriental estado de Yucatán.
En un principio, investigar sobre este asunto «era muy complicado, porque en España ni siquiera se hablaba de niños robados. He ido obteniendo información a cuentagotas», recuerda Ceballos.
En la escueta partida de nacimiento madrileña hay pocas pistas que le ayuden a encontrar a sus padres biológicos, de los cuales solo se precisan sus nombres de pila: Rafael y Marta.
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Los cotejos con bancos de ADN no han dado resultados y tampoco la búsqueda de información vinculada con los nombres de sus padres: «Hemos buscado, no ha habido nada (…), sin embargo, la esperanza es lo último que muere, por supuesto», relata Ceballos.
De acuerdo con un auto de 2008 del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, se estima que entre 1937 y 1950 -aunque estos casos continuaron a lo largo del franquismo- podrían haber desaparecido 30.000 bebés.
Esto mediante un procedimiento en el que los niños eran sustraídos pero se les decía a los padres que estos habían fallecido al nacer o a las pocas horas.
Médicos, sanitarios, abogados, funcionarios y religiosos eran partícipes de tramas en las que se falsificaban las actas de defunción de los bebés, así como los certificados de nacimiento para otorgárselos a otras personas.
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El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, explicó que esta denuncia no se presenta en España porque allí, en los casos de bebés robados, ha ocurrido lo mismo que con otros crímenes del franquismo como las torturas o la desaparición forzada.
«La tónica es la impunidad absoluta y el freno a cualquier investigación que se lleve a cabo», sintetizó Beltrán.
En los crímenes del franquismo, las autoridades judiciales «no solo se niegan a tomar ninguna medida, sino que se obstaculizan las investigaciones».
Beltrán recordó que «no hay un caso de bebés robados que tenga una persona encarcelada».
Antes de que este caso llegara a México, varias familias denunciaron ante la justicia argentina el robo de sus bebés.
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Por este proceso, una juez emitió una orden de búsqueda y captura contra un ginecólogo, pero este se ha visto beneficiado «por la impunidad del Estado español», argumentó el director de Amnistía España.
De cara al caso de Ceballos, Beltrán solicitó a la fiscalía mexicana que determine «si fue un caso de desaparición forzada». Y si es así, que se «restituya su identidad» y se facilite la búsqueda de su familia biológica.
Por su parte, la directora de la organización en México, Tania Reneaum, aseguró que se trata de un caso de desaparición forzada -y por tanto, no prescribe aunque hayan pasado casi cincuenta años- porque estuvieron implicados funcionarios del Estado e implicó una «retención ilegal» de una persona.
El de Ceballos, afirmó, «puede ser un caso que puede marcar un repercusión muy importante en la concepción jurídica de la búsqueda de la verdad», y para sembrar un precedente en relación con derechos como la identidad.
Con información de EFE
