Odebrecht quiere vender sus activos en Perú para pagar a sus proveedores y proceder a la reparación civil por su implicación en el caso «Lava Jato», aunque lamenta las «trabas» que está encontrando para cumplir ese objetivo, afirmó hoy el representante de la compañía en el país, Mauricio Cruz.
Cruz señaló, en una entrevista publicada por la revista peruana «Caretas», que la compañía brasileña «es solvente» porque tiene siete concesiones en Perú y un patrimonio de 2.000 millones de dólares, pero lamentó que no pueda llegarse a una solución porque, a su juicio, «falta la buena voluntad de la otra parte».
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El ejecutivo reiteró la disposición de la compañía brasileña a colaborar con la Justicia peruana sin objeciones, «con la intención de poder vender y pagar a todos nuestros acreedores, proveedores,trabajadores y la reparación civil; quedar en cero».
«Pero hay dos piedras en el camino: la autorización de venta de nuestros activos y el destino del dinero», añadió el directivo de Odebrecht, a la vez que propuso «una mejor gestión del Decreto de Urgencia 003, porque dinero hay».
El funcionario se refirió así al decreto impulsado por el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski que sometió a la empresa brasileña a un control de sus activos, para garantizar entre otras cosas el pago de cualquier indemnización que le pueda imponer la Justicia peruana por los actos de corrupción en los que estuvo envuelta.
Así, Cruz lamentó que el Gobierno peruano no haya autorizado, hasta el momento, la petición de Odebrecht para traspasar sus concesiones en el proyecto de irrigación Olmos, que abarca 43.500 hectáreas de cultivos en la costa norte de Perú, y el uso de 100 millones de soles (casi 31 millones de dólares) para el pago de los diversos proveedores que no tienen que ver con el caso «Lava Jato».
«Los congelamientos, embargos y retenciones han impedido a Odebrecht pagar a gran parte de sus acreedores nacionales e internacionales en las últimas semanas, poniendo en riesgo la continuidad de los proyectos, además del riesgo de insolvencia de sus cientos de acreedores», afirmó.
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Cruz recordó que su compañía tiene 560 empresas proveedoras «haciendo cola y 7.000 trabajadores esperando sus salarios y beneficios sociales», y subrayó que, debido a que no hay manera de que el Gobierno asuma esa deuda, si se aprueba la venta de sus concesiones en Olmos es posible cancelar la deuda con proveedores «en pocos días».
Asimismo, puso de manifiesto su temor de que se destroce la cadena de pagos si no se agiliza la determinación de la cuantía del monto de la reparación civil, que debe establecer la Procuraduría de la República.
«Sin embargo -añadió-, la procuradora ha dicho a los medios de comunicación que el monto es incalculable y que no informará del mismo hasta que el proceso de colaboración de Odebrecht sea concluido, lo que podrá demorar meses», lo que, a su juicio, «si el cien por ciento de las ventas va al fideicomiso se va destrozar la cadena de pagos».
Según Cruz, el decreto, que congeló todas las ventas de bienes de Odebrecht «desde las simples computadoras hasta la hidroeléctrica de Chaglla, valorada 1.700 millones de dólares», ya está afectando los pagos, así como los embargos paralelos a los que ha sido sometida la empresa por parte de la SUNAT (Hacienda peruana).
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Estos embargos involucraron a 33 cuentas de la empresa y dinero e inmuebles por importe de 100 millones de soles (unos 30 millones de dólares).
Igualmente, la estatal Electroperú retuvo el 40 % del monto que debería pagar por la compra de energía generada en la hidroeléctrica de Chaglla, el cual debería haber ido directamente a los bancos internacionales que financiaron el proyecto.
EFE
