Nicaragua debe hacer todo lo necesario para gestionar los flujos de trabajadores migrantes que cruzan su territorio conforme a la ley y al respeto a los derechos humanos de dichas personas, advirtió Naciones Unidas.
El Comité sobre la Protección de los Migrantes y de sus Familias evaluó los pasados 30 de agosto y 1 de septiembre el caso de Nicaragua y hoy publicó las conclusiones de dicho escrutinio.
«El Comité está muy preocupado por los informes del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía nicaragüense y las fuerzas de seguridad militar en el trato con los miles de migrantes cubanos y haitianos que cruzan su territorio de camino a Estados Unidos en meses recientes», reza el texto.
Ante esta situación, el Comité pide a Managua que gestione los flujos migratorios respetando siempre los derechos humanos de los trabajadores migrantes, y que éstos y sus familias cuenten con la asistencia necesaria.
Específicamente, además, pide que el país abandone la gestión militarizada del los flujos migratorios y los substituya por una basada en los derechos.
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Asimismo, solicita a Managua que establezca procesos de investigación de todas las denuncias de muerte y malos tratos en las fronteras.
Con respecto a los derechos de los migrantes, el texto pide al Gobierno nicaragüense que se asegure que estas personas tienen acceso a los servicios consulares de sus países de origen, especialmente en el caso en que sean detenidos por cualquier razón.
En este sentido, el texto se lamenta de que los periodos de detención sobrepasan las 48 horas establecidas por la ley, y que los centros de detención están muchas veces abarrotados.
Otro aspecto que preocupa al Comité son las expulsiones de migrantes, y pide que éstas se hagan en base a la ley y que se informe escrupulosamente a los afectados de sus derechos.
Finalmente, el Comité se lamenta de la lentitud con la que avanza la implementación de la ley anti-tráfico de personas, y que las medidas adoptadas para procesar a los culpables, proteger a las víctimas y evitar el tráfico «sean insuficientes y que han disminuido en los últimos años».
En este sentido, los expertos piden que se «adopten medidas» para asegurarse que los traficantes de personas «incluyendo a los funcionarios, sean investigados, procesados y sancionados apropiadamente».
Con información de EFE
