La oposición brasileña solicitó que la comisión parlamentaria que analizará la denuncia por corrupción contra el presidente brasileño, Michel Temer, escuche como testigo al empresario que ha involucrado al mandatario en supuestos delitos.
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El pedido fue presentado en la primera sesión que la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara baja dedicó al análisis de la denuncia por corrupción pasiva que la Fiscalía ha formulado contra Temer, que se fundamenta sobre todo en testimonios dados a la Justicia por Joesley Batista, uno de los dueños del grupo JBS.
La comisión tiene que escuchar a Batista», así como al fiscal general de la República, Rodrigo Janot, para «conocer todos los detalles» de las «gravísimas acusaciones» que han hecho de Temer «el primer presidente brasileño acusado formalmente de corrupción», dijo el diputado Paulo Teixeira, del Partido de los Trabajadores (PT).
Una de las bases de la acusación son unos audios entregados a la Justicia por Batista, que él mismo grabó durante una visita que hizo en marzo pasado a Temer en la residencia oficial de la Presidencia.
En esa explosiva grabación, Batista relata maniobras ilegales que hacía para favorecer a su empresa ante ministerios e incluso con jueces frente al silencio complaciente de Temer, que hasta parece consentir con lo que escucha.
Según Teixera, esos audios «son una prueba irrebatible» de que Temer «está implicado en gravísimos hechos» que «solamente serán esclarecidos si se acepta la denuncia», lo cual llevaría a suspender al mandatario de sus funciones.
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El pedido presentado por la oposición, rechazado de inmediato por el oficialismo, deberá ser votado en las próximas sesiones de esta comisión de 66 miembros, en la que las fuerzas que respaldan a Temer tienen una clara mayoría.
La comisión dispondrá de hasta 15 sesiones para analizar la denuncia, tras lo cual deberá preparar un informe que será remitido luego para una votación al pleno de la Cámara de Diputados.
Si en esa instancia una mayoría de al menos dos tercios de los 513 legisladores se inclina por aceptar la denuncia, el asunto pasará a manos de la Corte Suprema, que tomará la decisión definitiva.
En caso de que el Supremo decida enjuiciar a Temer, lo suspenderá de sus funciones durante los 180 días que durará un proceso en el que, si fuera declarado culpable, sería desalojado del poder, que asumiría entonces el ganador de una elección indirecta que debería ser convocada por las dos cámaras legislativas.
