La Interpol acogió la solicitud de la justicia panameña para detener al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien vive en Miami y es acusado de espionaje a opositores e investigado por varios casos de corrupción, confirmó este lunes una fuente oficial.
La petición de alerta roja contra Martinelli «ha sido recibida» por Interpol, y ahora «le corresponde a la cancillería (de Panamá) darle trámite», dijo en una breve conversación con la AFP Marcos Córdoba, jefe de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.
En la página web de Interpol no aparece la ficha de Martinelli, aunque el canal local TVN mostró una ficha en la cual aparecen dos fotos del exmandatario, así como sus huellas digitales y un membrete de la Interpol.
«Las alertas de Interpol se manejan entre los estamentos policiales. La Cancillería interviene luego de que se dé una captura para dar trámite al proceso de extradición de la Corte Suprema de Justicia», dijo a la AFP Mónica De León, directora de Comunicaciones de la cancillería panameña.
La respuesta de Interpol se da casi un año después de que el juez de la causa que se le sigue por presunto espionaje, Jerónimo Mejía, pidiera al organismo policial emitir una alerta roja para la captura del exgobernante, quien reside en Miami.
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El gobierno panameño solicitó a Estados Unidos la extradición de Martinelli por este caso.
La Corte Suprema de Justicia acusa al exmandatario de ordenar la intervención de teléfonos y correos electrónicos de unos 150 opositores a su gobierno.
«Asesinatos, asaltos, secuestros, desempleo, alto costo de la comida, falta de agua, basura abundante; pero Varela solo piensa en Martinelli», escribió Camacho.
Desde el fin de su mandato se han abierto 200 investigaciones sobre su gestión, según la sección panameña de Transparencia Internacional, mientras la justicia ha admitido cerca de una decena de denuncias en su contra.
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Entre los casos está la presunta sobrefacturación en un contrato de 45 millones de dólares por la compra de comida deshidratada para escuelas públicas, uso de cuentas secretas para cometer fraudes, cobro de comisiones por evasión fiscal e indultos cuestionados.
AFP
