La legisladora del opositor Partido Popular Democrático (PPD) Rossana López León catalogó a través de un comunicado de «despiadados e insensibles» los recortes recomendados por la Junta de Supervisión fiscal al Gobierno de Puerto Rico, encabezado por Ricardo Rosselló.
«La salud, los pensionados y la educación de Puerto Rico tienen que estar fuera de la ecuación de la Junta de Control fiscal. Sus recomendaciones son despiadadas e insensibles. Por eso hago un llamado al gobernador Rosselló para que haga valer su cargo defendiendo a los más vulnerables, nuestros pensionados, nuestros enfermos, así como a nuestros estudiantes», afirmó López León.
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La legisladora se refería a un ente, la Junta de Supervisión fiscal, que establece la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica, aprobada por el Congreso en Washington el pasado verano para atender el asunto de la deuda de la isla.
Además, la expresidenta de la Comisión de Derechos Civiles del Senado de Puerto Rico abogó porque la Junta de Supervisión fiscal ofrezca recomendaciones que atiendan el que definió como mantenimiento corporativo a las multinacionales presentes en la isla que, según aseguró, se beneficiarán de una reforma laboral que considera injusta para los trabajadores puertorriqueños.
«Con menos de un mes gobernando, el Partido Nuevo Progresista y la Junta de Supervisión fiscal han demostrado que sus protegidos son los grandes intereses por la cantidad de medidas opresoras consideradas hasta el momento. Ninguno ha tocado, ni parecen querer tocar, temas como las absurdas exenciones de las que gozan algunas ‘megatiendas’ e industrias en Puerto Rico», sostuvo López León.
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La legisladora presentó la resolución del Senado 46, medida que subraya «el total y más contundente rechazo del Senado a las recientes recomendaciones por parte de la Junta de Supervisión fiscal al Gobierno de Puerto Rico en torno a recortes millonarios en las partidas para los servicios esenciales a la ciudadanía».
Puerto Rico sufre desde hace cerca de una década una profunda crisis económica y el Gobierno saliente reconoció durante 2016 que no hay liquidez para hacer frente a los vencimientos de deuda, que ronda los 69.000 millones de dólares, y a la vez prestar servicios mínimos a la población.
Con información de EFE
