La Corte de Apelaciones de Santiago declaró hoy admisible un recurso de protección contra la presidenta Michelle Bachelet para que se pronuncie sobre la situación de los exagentes de Pinochet que se encuentren en estado terminal y que están presos en la cárcel de Punta Peuco.
La acción fue presentada el pasado lunes por el abogado Raúl Meza, que representa diversos presos que cumplen condena en Punta Peuco, por delitos contra los derechos humanos, después de que el pasado fin de semana falleciera un condenado que esperaba el indulto presidencial.
Algunos casos
Pedro Vivian, exsargento de Carabineros condenado a 6 años por el secuestro calificado del dirigente comunista Pedro Acevedo, murió el pasado domingo en Punta Peuco a causa de una leucemia.
Este último caso se suma al de otros dos exagentes de Augusto Pinochet enfermos terminales que murieron en la cárcel especial en los últimos 25 días.
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Según Meza, el Gobierno de Bachelet demostró una «insensibilidad y un abandono absoluto de los enfermos terminales en Punta Peuco».
Asimismo, recordó que desde la fecha de la solicitud de indultos, la presidenta tuvo «90 días para pronunciarse sobre indultos particulares».
Durante una visita al país austral el pasado viernes, el exjuez español Baltasar Garzón aseguró que los presos con enfermedades terminales deberían poder ser excarcelados para evitar que mueran en prisión.
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En esa misma línea también se pronunció el exmandatario y ahora candidato presidencial Sebastián Piñera, quien manifestó su voluntad dar prisión domiciliaria para estos presos en el caso de que sea escogido presidente en las próximas elecciones de noviembre.
Punta Peuco es una prisión reservada a violadores de los derechos humanos construida en 1995 en el municipio de Tiltil, a 35 kilómetros al norte de Santiago, y es definida por las víctimas de la dictadura como una cárcel «cinco estrellas», con canchas de tenis, terrazas para hacer asados y amplios comedores.
El pasado diciembre, los familiares solicitaron el indulto presidencial a los mayores de 70 años que padecieran enfermedades crónicas y terminales, petición que fue rechazada.
Según datos oficiales, durante la dictadura de Pinochet unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras unos 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.EFE
