Naciones Unidas está muy preocupada por el elevado número de abortos clandestinos que se registran en Colombia y los pocos que se realizan de forma legal, con el riesgo que esto conlleva para la salud y la vida de las mujeres, muchas de ellas adolescentes.
El país sudamericano se presentó por segundo día consecutivo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el organismo que vela por el cumplimiento de los derechos fundamentales recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que, regularmente, hace un escrutinio de los países que se adhirieron al mismo.
Al comenzar la sesión, el miembro del Comité Olivier de Frouville volvió a preguntar sobre el tema del aborto al no quedar satisfecho con las respuestas que la delegación gubernamental dio ayer sobre este asunto.
Frouville dijo que, según un informe de una ONG, en 2008 en Colombia se llevaron a cabo 400.400 abortos, de los cuales sólo 322 se hicieron cumpliendo con los requisitos legales.
La Corte Constitucional desechó la prohibición total de la interrupción voluntaria del embarazo en 2006 y desde entonces se puede abortar en los casos en que haya riesgo para la vida de la madre, malformación fetal incompatible con la vida, violación o incesto.
El experto recordó que, a pesar de esta decisión, «la vasta mayoría de los abortos son clandestinos e inseguros».
Frouville pidió a la delegación no solo cifras más actualizadas sino qué hace el Gobierno para combatir esta realidad «que pone en riesgo la vida de las madres, especialmente en las zonas rurales».
Este miércoles, Nigel Rodley, otro experto, cuestionó también sobre el derecho al aborto y el hecho de que en la práctica las mujeres se queden indefensas ante la negativa de los médicos a practicar una interrupción del embarazo argumentando «objeción de conciencia».
La delegación respondió que eso no ocurría de forma generalizada y que el Estado ponía a disposición de todas las mujeres que así lo deseaban las estructuras públicas para poder interrumpir su embarazo en el marco de la ley.
Frouville también volvió a repetir algo que preguntó ayer y quedó sin respuesta: por qué la violencia sexual contra la mujer se juzga de forma distinta si el delito se comete en el seno del matrimonio o fuera.
«¿Es verdad que una violencia sexual puede ser castigada con hasta 30 años y en el caso de que se dé en el marco conyugal es de 6 años?», preguntó Frouville.
El experto también volvió a cuestionar sobre el respeto a los derechos de los LGTB (Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales).
La delegación respondió hoy que la normativa para regular los ataques a este colectivo aún está en proceso.
Finalmente, Frouville se unió a Rodley en la queja sobre la poca concreción y detalle de Colombia tanto en el informe que han presentado al Comité como en las respuestas a las preguntas de los miembros en esta sesión de evaluación.
Rodley manifestó ayer su malestar por la vaguedad con la que Colombia responde a este Comité y a otros órganos de derechos humanos de la ONU, algo que en su opinión que se repite desde hace años.
Con información de EFE
