No solo los especialistas en temas de comunicación acusan falencias en el proyecto de las fujimoristas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo sobre el control de medios. Tres abogados constitucionalistas coincidieron en señalar que la iniciativa tiene serios vicios de inconstitucionalidad, que ameritan su pronto archivamiento.
Para el ex presidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma, el proyecto revive la relación del fujimorismo con la búsqueda del control de medios. “Esta iniciativa lesiona la Constitución queriendo sacar a una persona [de un medio] sin haber acreditado su culpabilidad”, refirió.
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El también ex ministro de Justicia indicó que no se necesita estar en un directorio para usar un medio para encubrir delitos. “No necesitas ocupar un cargo, necesitas un teléfono, un tercero de portavoz inadvertido. Este proyecto no soluciona el problema, sino que lo complica”, dijo tras indicar que la veeduría planteada en el proyecto es una “fiscalización estatal encubierta”.
El constitucionalista Samuel Abad, socio del Estudio Echecopar, donde trabajó Letona, aseveró que, de aprobarse el proyecto fujimorista, el Tribunal Constitucional lo declarará inconstitucional. “Contiene tres artículos. Uno de ellos, por ejemplo, que se establezca que una persona denunciada por un supuesto delito de corrupción contra el Estado no pueda asumir la presidencia ni ser miembro del directorio ni accionista de un medio de comunicación. Eso afecta la presunción de inocencia”, puntualizó a Ideeleradio.
Enrique Bernales, constitucionalista especializado en temas congresales, sostuvo que la libertad de expresión es un derecho fundamental que no puede estar sujeto a un sistema de control. “Si hay excesos, la misma Constitución estipula, por ejemplo, que existe el derecho al honor”, refirió.
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“Este proyecto le hace daño a Fuerza Popular. Deberían retirarlo, pues no tiene asidero, tiene una limitación constitucional respecto a la presunción de inocencia, y estamos en un país donde poner una denuncia es algo tan fácil de hacer”, dijo.
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